Este jueves 25 de abril se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.154 que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT).
Dicha norma se sitúa en un contexto mundial orientado a establecer mecanismos
efectivos de prevención y protección frente a situaciones de tortura, en
lugares donde se pudieran encontrar personas privadas de su libertad,
reservadas a la vigilancia del Estado o con su consentimiento expreso o tácito.
El antecedente que gatilla este hito es la aprobación del Protocolo Facultativo
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura por parte del Estado
de Chile, que se publicó en 2009, exigiendo dicho instrumento que a más tardar
un año después se su entrada en vigor se debía instalar un mecanismo como el
que hoy se regula en esta nueva ley. Por tanto, hoy se cumple un compromiso con
el que nuestro país estaba al debe desde hace casi una década.
La designación de radicación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura en el INDH cumple con los requisitos establecidos en los Principios de
Paris sobre el estatuto de las instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos.
Se destaca entre las principales funciones que desarrollará el MNPT, la de
examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y
el trato que reciben, así como realizar visitas periódicas preventivas no
programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad. Asimismo,
podrá el MNPT realizar recomendaciones a las autoridades competentes del
servicio responsable del lugar de privación de libertad, o al representante
legal de las personas jurídicas de derecho privado.
El Comité de Expertos/as será integrado por siente miembros elegidos/as por el
Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y seleccionados/as por
concurso público, efectuado por el Sistema de Alta Dirección Pública del
Servicio Civil.
La ley establece también el deber de colaboración de las autoridades
competentes del Estado, que deberán considerar las recomendaciones e informes
elaborados por el Comité, entablando un diálogo acerca de las posibles medidas
de aplicación.
Respecto de la promulgación de la legislación, Consuelo Contreras, directora
del INDH, sostuvo que “valoramos el esfuerzo que hizo el Estado de Chile
para combatir este crimen, dado que la tortura es una realidad que persiste en
Chile en lugares de detención y al interior de instituciones penales o de
privación de libertad”.
La Directora del INDH afirmó también que “valoramos el apoyo transversal que
este proyecto tuvo por parte del Gobierno y del Congreso como órganos
colegisladores. Tras dos años de tramitación, con una importante presencia e
incidencia legislativa del INDH, fue despachada una ley que permite avanzar en
los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de
prevención de la tortura”.
A lo anterior, Rodrigo Bustos, Jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH,
complementó que “al visibilizar y realizarse un monitoreo periódico de los
espacios y lugares destinados a mantener personas privadas de libertad mediante
el acceso de observadores independientes, se pueden prevenir situaciones que
vulneren la integridad psíquica o física”.
“Destacamos el concepto amplio de lugares de privación de libertad que regula
la ley puesto que ello permitirá un desarrollo pleno de las funciones de los
expertos y expertas del Mecanismo Nacional de prevención contra la Tortura”,
agregó Bustos.
Cabe recordar que la tortura es una de las más graves violaciones a los
derechos humanos, cuya prohibición es absoluta tanto en los ordenamientos
internacionales como en la legislación nacional.
El INDH, además de haber realizado desde sus inicios un monitoreo de las
condiciones de detención en diferentes lugares de privación de libertad, ha
realizado reiteradas recomendaciones respecto de la necesidad de investigar,
sancionar y reparar a las víctimas de los casos de tortura ocurridos en
dictadura, así como los que han seguido ocurriendo en contexto de democracia.
También desde hace dos años el INDH ha coordinado una mesa interinstitucional
que ha procurado que diversos organismos del Estado puedan aunar sus esfuerzos
en estas materias y adoptar medidas para mejorar los registros estadísticos de
estos casos, revisar los protocolos de actuación y fortalecer las
capacitaciones a sus funcionarios y funcionarias.