A 50 años del Golpe

A 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Chacabuco 70: De centro de la dictadura a centro comercial

En el centro de Concepción, especificamente en la dirección Chacabuco 70, funcionó entre 1973 y 1988 uno de los mayores centros de detención de la dictadura en la ciudad.
Hoy el espacio, convertido en un supermercado de la cadena Unimarc, esconde historias de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile.
El corto documental ´Chacabuco 70: de centro de la dictadura a centro comercial`, realizado por la plataforma creativa Cuxé, el cantautor Pancho Relámpago y el periodista Alejandro Baeza, rescata de primera fuente los testimonios de algunos de los casos más emblemáticos de prisioneros que pasaron por el recinto como Mario Patricio Cordero, parte del grupo de marinos constitucionalistas presos por intentar de evitar el golpe al interior de la Armada; la despedida de Vasili Carrillo con su padre, Isidoro Carrillo, antes de ser fusilado en octubre de 1973; el duelo de galo Acevedo, hijo de Sebastián Acevedo, al interior de Chacabuco 70 tras la inmolación de su padre; la solidaridad con los presos, relatada por María Angélica Fuica, visitante habitual de esta prisión en los ochenta; la publicación de un libro del periodista y entonces encarcelado, Ignazio Vidaurrázaga, el cual contaba con dibujos de su hermano Fernando, quien fue ejecutado en septiembre de 1986 como represalia de los militares tras el intento fallido de asesinato a Augusto Pinochet.
Otro antecedente revelado por este trabajo es que en diciembre de 1988, el Ministerio de Justicia de la dictadura encabezado por Hugo Rosende Subiabre, vende la cárcel a una Inmobiliaria representada por Antonio Manzur Apara y Felipe Larraín Aspillaga. Este último, en 2023, es presidente del directorio de Aguas Andinas.

————————————————

 

por Prof. Dr. Haroldo Quinteros Bugueño (Iquique, Chile)

Relatos, reflexiones y otros aportes para rescatar la Memoria, a 50 años del golpe de Estado en Chile

El golpe de estado de 1973, en términos técnicos, fue una acción militar, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile (FF AA), conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, más la policía uniformada y civil, que también tienen características militares, tanto en el plano logístico como profesional.

Desde el punto de vista político, fue una acción que recuerda la famosa frase de Carl von Clausewitz “la guerra es la continuidad de la política por otros medios”. Así fue. El golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 vino a dar fin a un enfrentamiento político, que se desenvolvía sola y exclusivamente en el ámbito civil, i.e., en los marcos de la organización constitucional del país vigente desde 1925 hasta 1973. Por lo tanto, era una confrontación entre dos bloques políticos, a saber:

1- La izquierda socialista, representada por el gobierno del presidente constitucional de Chile Salvador Allende y sus mayores sostenedores políticos, el Partido Socialista -del cual Allende era militante- y el Partido Comunista. Estos dos entes políticos integraban la coalición de gobierno, la Unidad Popular (UP), en la que también participaban otros partidos menores de izquierda. El partido más radical de izquierda era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación extra-parlamentaria y minoritaria en el país, que no tenía participación alguna en el gobierno.

2- La derecha opositora al gobierno de la UP, representada por el Partido Nacional (PN) , defensor del sistema capitalista vigente entonces; es decir, de los intereses económicos del empresariado chileno y extranjero. A la derecha se sumó el Partido Demócrata Cristiano, o Democracia Cristiana (DC), formando una coalición de oposición que llamaron “Confederación de la Democracia” o “Frente Democrático” (FD).

Los beneficiados del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 fueron los posesores del gran capital nacional y los intereses económicos de Estados Unidos (EE UU). En cuanto EE UU, el derrocamiento del presidente Allende, no pudo ser más beneficioso, porque desde el triunfo electoral de la UP en 1970, la mayor potencia capitalista del mundo veía cómo nuestro país, que se declaraba abiertamente anti-imperialista y desarrollándose hacia el socialismo, había alcanzado tal condición por la vía pacífica y las reglas constitucionales vigentes. En fin, las FF AA abandonaron su rol mandatado constitucionalmente, en cuanto observar una conducta neutral ante las controversias políticas de la civilidad.

Es de destacar que luego de usurpar el poder, amparadas por el monopolio de las armas que les entregaba, pusieron el país a la más absoluta disposición política y económica de los intereses de EE UU; vale decir, abandonaron su deber de defender nuestra soberanía como nación independiente. Las FF AA, en suma, que debían atenerse a respetar la constitución entonces vigente, hicieron lo contrario. Desobedeciendo las leyes, actuaron como el brazo armado de un sector político nacional muy específico, la derecha civil y de los intereses de una potencia extranjera, Estados Unidos de Norte América.

Desde el punto de vista ético-político, el rol de la DC fue tan vil como grotesco. Sirvió de caja de resonancia a la acción sediciosa contra el gobierno constitucional de Chile, organizada clandestinamente por la derecha nacional y el imperialismo norteamericano a la espera que, una vez producido el golpe, como ha sido ampliamente acreditado, los golpistas le entregaran de manera transitoria la administración del país hasta lo que sería “la restauración democrática.”

En las postrimerías de nuestro antiguo orden democrático, la dirección de la DC participó activamente en el sabotaje político y económico contra el gobierno, sumándose a la campaña de la derecha y del imperialismo norteamericano destinada a hacerlo fracasar, organizando huelgas donde les era posible, guardando silencio ante los actos terroristas abiertamente auto – adjudicados por el grupo de ultra-derecha y neo-fascista “Patria y Libertad,” y colaborando de modo oculto en el desabastecimiento de los productos de consumo diario.

Este suceso se hizo evidente cuando hasta el mismo día del golpe de estado, conocidos militantes y personeros políticos de la DC participaron en el paro de los camioneros que solo unas semanas antes del cuartelazo dañaba ostensiblemente la distribución y el consumo de alimentos, infamante acto que financió íntegramente el gobierno de Estados Unidos, como lo han revelado muchos archivos desclasificados de la propia CIA norteamericana.

La derecha política y la DC, al boicotear el transporte de bienes de consumo y mercancías, luego, además, de impulsar el más generalizado desabastecimiento, se habían propuesto crear un falso clima de baja producción en el país, lo que no consiguió convencer a toda la ciudadanía porque las objetivas cifras de entes independientes del Estado en materia productiva revelaban que, por el contrario, la producción de bienes de consumo se había incrementado durante el mandato de la UP. En el escaso tiempo que duró la falsa espera por aquella promesa de recibir en una bandeja de plata el gobierno, la mayor parte de la dirigencia de la Democracia Cristiana colaboró con la dictadura en ministerios, subsecretarías, reparticiones burocráticas del Estado, rectorías universitarias, etc., etc.

Es más, aplaudió y justificó el sangriento golpe de estado ante el país y el mundo como retribución de lo que sería la entrega del gobierno a su máximo líder, Eduardo Frei Montalva, quien hasta el 11 de septiembre de 1973 era presidente del Senado de la República.

Un año después del golpe, la DC se separó completamente de los golpistas. Veamos:

La derecha política, agrupada en el Partido Nacional (PN), era ostensiblemente minoritaria en Chile. En las elecciones del Parlamento de marzo de 1973, las últimas realizadas en democracia antes del golpe de estado, la ciudadanía había superado en participación a todas las elecciones antes realizadas en el país hasta esa fecha, alcanzando el récord de un 81%. La derecha política pura, el PN, obtuvo el 16% de los votos, menos de la quinta parte del total. El partido mayoritario en Chile era su aliada, la centrista DC, que obtuvo el 40% de la votación. Por lo tanto, la mayor fuerza política de orientación única (socialista y anti-imperialista) era la izquierda, que obtuvo con el gobierno de la UP el 44% de los votos, a pesar del agudo clima social en Chile creado por el sabotaje económico al gobierno, desde dentro y fuera del país. Además del desabastecimiento y los actos terroristas de la ultra – derecha destinados a dañar la economía, el gobierno estadounidense había cerrado sus instituciones bancarias bajo su control a cualesquiera solicitudes de créditos del gobierno de Chile. Además, frenó el flujo de las importaciones de maquinarias y repuestos para nuestras industrias, sobre todo la del cobre, como también para el parque automotriz.

Además de asesinar al presidente de la República, al igual que selectivamente a los mejores dirigentes de los partidos de la Unidad Popular a lo largo del país, y lanzar a la cárcel y al exilio a miles de sus dirigentes, la dictadura que advino con el golpe de estado humilló a su aliada golpista, la DC, deshaciéndose de ella. Obviamente, fue entonces cuando se conoció a cabalidad cuál sería la orientación ideológica que tendría el gobierno dictatorial.

Conviene, sobre todo para que lo sepan bien las generaciones jóvenes de hoy, referirse a qué fue lo que gatilló la alianza de la DC con la derecha. Fueron tres situaciones:

Primero, siempre hubo en la testera de la DC una corriente anti-izquierdista y pro-capitalista, lo que sirvió admirablemente a la dictadura, puesto que entonces la derecha no contaba con cuadros técnicos suficientes para manejar sola los estratos administrativos de todo el país.  Así fue como la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (comandante en jefe del Ejército al momento del golpe de  estado) se ayudó en sus inicios de la DC. Tuvo algunos ministros democratacristianos como Jorge Cauas, además de consejeros, funcionarios administrativos y trabajadores que ocuparon cargos directivos en todas las reparticiones públicas, como asimismo en universidades, institutos y escuelas, los que vinieron a ocupar las vacancias dejadas por los profesionales, funcionarios, trabajadores  y académicos que fueron exonerados, encarcelados, exiliados y asesinados, por el solo hecho de haber sido militantes de los partidos de la UP.

Segundo, si bien en 1970 el sector conservador de la DC era minoritario en la testera del partido, el continuo boicot de la poderosa derecha económica, tanto industrial como comercial contra el gobierno de la Unidad Popular, tuvo su efecto. A ello se sumó el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, un ex – ministro de Frei Montalva, en un atentado perpetrado por un comando de una pequeña agrupación extra-parlamentaria de ultra-izquierda, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), decididamente contraria al gobierno de la UP. Allende ordenó de inmediato perseguir a la VOP. Sus líderes y militantes principales se resistieron en armas, y varios fueron muertos y otros tantos encarcelados. Así fue el fin de esta organización. Por cierto, al asesinar a Pérez, la VOP le había hecho un espectacular favor a la derecha, puesto que el asesinato facilitó la hegemonía política del sector conservador en la dirección de la DC. El retroceso de este sector se hizo evidente en la DC a fines del gobierno de Frei Montalva.

En las elecciones presidenciales de 1970 se impuso Radomiro Tomic como su candidato a las elecciones presidenciales de 1970. Tomic era un antiguo político de definición progresista que, incluso, llegó a plantear la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de la UP poco antes del golpe de estado, lo que, por supuesto, lo frenaría. En fin, aunque la VOP fue aniquilada por el gobierno de Salvador Allende, la DC, con los conservadores Frei Montalva, Zaldívar y Aylwin a la cabeza, se alió con la derecha y contra el gobierno de la UP, y con ello se sumó al golpe de estado, conjura planeada e iniciada por la derecha y el imperialismo norteamericano inmediatamente después de la asunción de Allende al gobierno.  Todo ello ocurría a contrapelo de lo que era oficialmente el origen y programa de la DC.

En teoría, la DC era un partido promotor de un Estado semejante al gobierno del presidente Allende; es decir, de economía mixta y contrario al modelo socialista de partido único. A ello la DC llamaba “la sociedad comunitaria;” es decir, igualitaria. La DC llegó, incluso, a llamar “revolucionario” a su proyecto, en cuanto proponía la sustitución del sistema capitalista entonces vigente por aquella sociedad “comunitaria.” Eso era la teoría, nada más, como así lo demostraron los hechos.

La derecha nacional y también algunos dirigentes de la DC hasta hoy alegan que el golpe de estado fue legítimo porque, primero, la derecha y la Democracia Cristiana tenían en 1973 mayoría parlamentaria; y segundo, porque la Corte Suprema también avaló el cuartelazo. Por supuesto, ambos argumentos sostenían una ilegalidad, y, sobre todo, falaces. Primero, el golpe se produjo en la mitad del período presidencial de Allende y, como es bien sabido, en todos los países democráticos del mundo la democracia se basa en el principio de la realización de elecciones generales parlamentarias en la mitad de una administración presidencial, y que cualquiera sea el resultado de la elección, el presidente debe terminar su mandato solo si la oposición parlamentaria lo acusa constitucionalmente, para lo cual necesita dos tercios en el Congreso.

Pues bien, la dupla derecha-DC no obtuvo el tercio de los votos en las elecciones de marzo de 1973, lo que hizo imposible la destitución legal del presidente Allende. Además, nunca un gobierno en toda la historia de Chile había llegado a un apoyo tan alto como el que obtuvo el gobierno de la UP en aquellas elecciones parlamentarias, con un 44% de los votos. En consecuencia, el segundo argumento (el apoyo de la Corte Suprema al golpe) solo puede calificarse de políticamente sesgado, lo que envilece a la mayor institución jurídica del país, la Corte Suprema, la que, en lugar de atenerse a la Ley y a su obligado rol de garante mayor de la correcta aplicación de la justicia, se sumó al golpe de estado.

Desde entonces, la Corte Suprema carga sobre sí el estigma de no solo haber justificado el sangriento fin que tuvo la democracia chilena en 1973, sino no haber alzado la voz, como le correspondía legalmente hacerlo, frente a las flagrantes y sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos que se cometían en Chile ante los ojos de todo el país y la comunidad internacional. Por cierto, la Corte Suprema, además, fue indiferente a la barbarie de neto corte fascista que tenía lugar en Chile y a la larga suspensión de las garantías constitucionales decretadas por la dictadura a lo largo de los 17 años que gobernó el país. De manera que no solo la derecha, el imperialismo norteamericano y los militares fascistas quedaron manchados de sangre ante los ojos de todo el mundo, sino también la DC y la Corte Suprema.

A la pregunta, ¿qué hizo el gobierno de la UP para ser derrocado de modo tan brutal? Veamos:

Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de la República, siendo el primer político de orientación socialista revolucionaria, declarándose explícitamente así ante Chile y el mundo. Era el líder de un programa de gobierno anti-imperialista, que accedió al gobierno por primera vez en el mundo como resultado de su triunfo en comicios establecidos en las leyes vigentes. Nacionalizó el cobre a través de una ley referida al principio de las «ganancias excesivas,» que lo hizo internacionalmente famoso, modelo aplicado en otros países.

Nacionalizó todas las riquezas mineras del país y estatizó bajo un sistema legal de indemnización  las mayores industrias estratégicas; aplicó a fondo la reforma agraria que había sido aprobada bajo el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, pero que había sido interrumpida en abril de 1970 luego del asesinato de Hernán Mery, un funcionario de gobierno de la Corporación de Reforma Agraria (fundada por Frei en 1965), perpetrado por sicarios ligados a la ultra-derecha y a terratenientes de la región en que Mery se desempeñaba. Allende también apoyó la revolución cubana ante las agresiones del gobierno de EE UU y realizó importantes reformas sociales, en la Salud, el sistema bancario, el empleo, la vivienda y la Educación.

Antes de ganar las elecciones, el gobierno de EE UU y la derecha política nacional ya habían empezado a actuar: En 1969, un grupo de militares protagonizó el asalto y toma al regimiento “Tacna” en Santiago (el “tacnazo”), para evitar el posible triunfo de la izquierda en 1970. Con ese mismo objetivo, ese mismo año, la empresa norteamericana ITT inició su conspiración en Chile, entrevistándose con civiles y con la más alta esfera del gobierno, con el propio presidente de la república. Agentes de la ITT sostuvieron una entrevista secreta con Frei Montalva, al que le pidieron derechamente colaborar en su plan de impedir el triunfo de la izquierda en 1970. Frei, si bien no aceptó la propuesta, no la denunció como una inaceptable injerencia extranjera en nuestros asuntos internos. El presidente, en suma, guardó el secreto de este atentado a nuestra soberanía.

Luego del triunfo de la UP, y antes de asumir Allende, un comando terrorista de derecha asesinó al comandante en Jefe del Ejército René Schneider Chereau, y en 1972, la conspiración ya estaba organizada y preparada para asestar el golpe final. La oposición civil al gobierno no trepidó en provocar desabastecimiento en el país. Se trataba de acaparar alimentos y bienes básicos de consumo, e incluso, en sacarlos de Chile de manera clandestina. La DC también hizo lo suyo. El dirigente demócrata-cristiano Guillermo Medina lideró una huelga del cobre en el mineral de Sewell, y el gremio de dueños de camiones, adictos tanto a la derecha como a la DC, intentaron paralizar el país en el mes de octubre de 1972. Todo eso ocurría sólo a cuatro meses de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, con el obvio fin de ganar el apoyo ciudadano que permitiera a la coalición de oposición derecha-DC obtener los dos tercios en el Parlamento que necesitaba para destituir a Allende.

Personeros de la derecha y la DC aducen hasta hoy que Allende cayó por su fracaso en la economía. A estas alturas de nuestra historia nacional, cuando ya todo se sabe, afirmar eso sólo llamarse falacia, o en el mejor de los casos, ignorancia o soberana estupidez. Es indiscutible hoy, luego de la desclasificación de muchos documentos secretos de la CIA con respecto al golpe de estado de 1973, que su preparación empezó a gestarse desde antes del triunfo de la UP en la elección presidencial de 1970. El gobierno de Estados Unidos, a cuya cabeza estaba el presidente Richard Nixon (destituido en 1975 por el espionaje que ordenó contra el Partido Demócrata), y su secretario de Estado Henry Kissinger, fueron decisivos en el derrocamiento manu militari del gobierno de Salvador Allende.

Está totalmente acreditado que el gobierno de EE UU financió directamente la preparación de muchas de las acciones que llevaron al país a un clima social de descontento, cuyo fin era terminar con el legítimo gobierno de Chile. Las pruebas documentadas de la intervención norteamericana sobran. Personajes muy conocidos del gran empresariado nacional y de la derecha política viajaban frecuentemente a reunirse en Estados Unidos con los jefes del Departamento de Estado de ese país. Nixon, apenas asumido en la presidencia, decidió participar activamente en el derrocamiento de Allende mediante el Proyecto FUBELT, más conocido como Track 2.  Un documento desclasificado de la CIA publicado en 2009 revela que Nixon, durante su gestión, ofreció dinero y ayuda secreta al dictador brasileño Emilio Garrastazú Médici, que se ocuparía de convencer a las FF AA chilenas de derrocar a Allende, dinero que, obviamente, se invertiría en Chile, lo que conlleva la presunta dación de sobornos a la oficialidad militar nacional. Hay más todavía:

De acuerdo con documentación oficial norteamericana, por mucho tiempo secreta, y que ahora es de conocimiento público, divulgada por la organización no gubernamental de EE UU llamada “National Secret Archives” (Archivos Secretos Nacionales), Garrastazú Médici, en un encuentro con Nixon en la Casa Blanca el 9 de diciembre de 1971, dijo a viva voz a Nixon: “Brasil estaba trabajando con el objetivo de derrocar a Allende.”

También está acreditada la falsedad del “Plan Z,” un invento propagandístico difundido por la dictadura durante varios años, tanto en Chile como en el extranjero. Este falso plan, cuya autoría el régimen achacaba al gobierno presidido por Salvador Allende, hablaba de la presencia de miles de guerrilleros cubanos en Chile (unos 14.000); como también de la existencia de un plan de auto – golpe liderado por Allende que contemplaba entre otras acciones el fusilamiento de toda la oficialidad de las FF AA. Fue la propia CIA que, luego de desclasificar la documentación pertinente, desmintió la veracidad del plan.

También están acreditados los continuos encuentros secretos, tanto en Chile como en EE UU, de conspicuos empresarios y políticos de derecha chilenos, como Agustín Edwards (el dueño de “El Mercurio”), Sergio Onofre Jarpa y Sergio Diez, con agentes de la CIA y personeros del Departamento de Estado de EE UU. Según “Wikipedia”, dentro de estas acciones de financiamiento e intervención de EE UU en Chile se encuentran, entre otras conjuras, el asesinato del general René Schneider, el “tanquetazo,” la fracasada sublevación militar del 29 de junio de 1973, la huelga de los camioneros de octubre-noviembre de 1972 y la huelga del cobre en Sewell. Todos estos actos planeados por la derecha nacional y agentes de la CIA fracasaron. Al fin y al cabo, fracasaron porque Allende tenía un fuerte y activo apoyo popular y de la clase trabajadora, y porque, en el caso de la huelga de los dueños de camiones, había trenes estatales en Chile.

También está totalmente probado que varias flotas norteamericanas, ya terminada la tradicional “Operación Unitas,” se quedaron en alerta frente a Valparaíso, en caso, obviamente, que el golpe, en su forma netamente militar, fracasara. ¡Vaya militares patrióticos que teníamos!

Hasta aquí, es preciso detenerse en algo muy importante. Se trata de la figura legal conocida como “Traición a la Patria”, contemplada en todas las legislaciones del mundo. Esta figura se da especialmente en situación de guerra civil; es decir, de confrontación militar interna. De partida, en Chile no teníamos tal confrontación militar, por lo tanto, no podía surgir de la izquierda tal traición a la Patria, la que se da cuando uno de los bandos pide y obtiene la intervención de un país extranjero en su favor. Es evidente que si hubo tal figura jurídica, ésta vino de la derecha nacional. En efecto, el golpismo chileno, tanto civil como militar, tuvo el apoyo de una potencia extranjera en su plan de derrocar un gobierno legalmente constituido.

Esto, lisa y llanamente, tanto jurídica como lógicamente, ilustra bien lo que es Traición a la Patria. El apoyo al golpe, reconocido oficialmente por EE. UU., nunca lo ha sido por la dupla derecha-DC en Chile. Hay muchos ejemplos históricos que configuran este delito. Por ejemplo, en el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra fue decapitado porque en la guerra civil entre la monarquía y el Parlamento encabezado por Oliver Cromwell, pidió secretamente ayuda a Irlanda. Lo mismo sucedió con Luis XVI en Francia, que se la pidió a Austria, durante la Revolución Francesa. En las sentencias de ambos reyes ejecutados consta su alianza con un país extranjero.

En realidad, es imposible negar que el golpe de estado fue tanto una acción chilena como norteamericana.  El gobierno de Nixon declaró muchas veces que no toleraría un solo gobierno más socialista en América Latina, como Cuba, aunque fuese elegido democráticamente. La intervención norteamericana en Chile empezó, incluso, un año antes del triunfo de Allende; por ejemplo, con la intervención de la empresa transnacional ITT en Chile, que vino a conocerse gracias a la investigación y denuncia pública del periodista norteamericano del diario Washington Post, Jack Anderson. No está de más insistir en la infamante actitud de Frei en este suceso. Si bien no se plegó entonces al golpe, lo hizo tres años después, teniendo conciencia plena que el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile era un plan estadounidense que venía gestándose desde hacía mucho tiempo.  Transcribo informes norteamericanos oficiales desclasificados hace unos años, sobre el golpe:

El 15 de septiembre de 1970 (sólo unos días después del triunfo de la Unidad Popular), en una reunión en la Casa Blanca a la que asistió Kissinger, el presidente Nixon declaró al director de la CIA, Richard Helms, que la elección de Allende era inaceptable, ordenando a la agencia actuar, con la frase «haremos chillar a la economía chilena.»

La CIA lanzó una campaña masiva de operaciones encubiertas –primero para impedir que Allende asumiera el gobierno, y segundo, si esa estrategia fracasaba, minar su gobernabilidad. Nixon dijo lo siguiente ante su Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, dos días después de que Allende asumiera al gobierno:

Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide, y que su imagen ante el mundo aparezca como un éxito.

Llevando a cabo la orden de Nixon, en los años siguientes el gobierno de EE UU decidió “estrangular la economía de Chile,” según palabras textuales de Henry Kissinger, el Secretario de Estado norteamericano. Los bancos norteamericanos congelaron créditos, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas por Estados Unidos cancelaron préstamos; en 1969 la ITT formó un comité de representantes de corporaciones estadounidenses para impedir el triunfo de Allende un año después y, en general, el gobierno norteamericano financió un movimiento nacional de oposición contra el gobierno,  como la huelga de camioneros que consiguió paralizar una gran parte del sistema de transporte.

Terminada la dictadura, en un acto de celebración del triunfo presidencial del ex – presidente Aylwin, éste, con lágrimas en los ojos, pidió perdón al país por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en dictadura. Sin embargo, solo lo hizo a nombre del Estado. Debió también haber pedido perdón como demócrata cristiano, porque él y su partido, del cual él era su presidente en esa época, se alió con la derecha y el imperio norteamericano para el derrocamiento del gobierno legalmente constituido. El fiasco demócrata-cristiano quedará para siempre en nuestra historia como un acto bochornoso.

La dictadura no le entregó el gobierno a la DC, aunque que ella fue su cómplice en el golpe de estado. Además, la tiranía de Pinochet persiguió a sus mayores dirigentes, y algunos terminaron en el exilio. Es más, Bernardo Leighton, uno de los más importantes líderes de la DC, que no apoyó el golpe, sino que se sumó a la denuncia de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, sufrió un atentado terrorista en Italia, perpetrado por agentes chilenos de la dictadura, que causaron poco después la muerte tanto de él como de su esposa. En 1982, la dictadura acabó con la vida de su primer líder y ex – presidente de la república Eduardo Frei Montalva, al cual se le había prometido el gobierno del país luego del golpe. El asesinato de Frei se selló cuando éste inició en 1980 una campaña contra la dictadura abogando por una Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución. Los que todavía no lo creen, lean el libro de su hija Carmen, hasta hace poco presidente de la DC, aparecido hace sólo unos años, que lleva el nombre “Magnicidio. La Historia del Crimen de mi Padre” (Editorial Aguilar, 2017).

Hasta ahora los militares alegan que siempre fueron neutrales en política. Por lo tanto, la Junta Militar que derrocó a Allende en 1973 no habría tenido ninguna orientación política.  Por supuesto, eso es una ridícula mentira. La oficialidad de los militares chilenos ha probado desde hace mucho tiempo que tiene una orientación política conservadora, es decir, de derecha. Por supuesto, los militares por sí solos no saben ni pueden gobernar, porque eso no condice con su formación profesional; de modo que cuando tomaron el poder desde septiembre de 1973, entregaron la administración del gobierno a los políticos más conocidos de la derecha, sus mentores ideológicos, como asimismo a varios de sus aliados, militantes de la DC.

Probablemente, el conservadurismo de derecha de la oficialidad militar puede ser hoy muy acendrado, puesto que, durante la dictadura, la derecha civil, con Jaime Guzmán a la cabeza, envió a varios de sus intelectuales a dictar clases y charlas a cadetes de la Escuela Militar y otras academias castrenses hasta el fin de la dictadura, con el obvio fin de adiestrarlos ideológicamente. Por supuesto, éstos son hoy generales y oficiales mayores del Ejército y demás ramas de las FF AA.

Una falsedad de proporciones es la “obediencia” que debe todo militar a sus superiores. Este principio es sagrado en todos los ejércitos del mundo, que se sella en solemnes juramentos ante Dios y los emblemas patrios. Sin embargo, en Chile, todo militar que piense, como corresponde a todo ser humano, antes de jurar debe preguntarse quién es el superior de sus superiores. Esta es la respuesta: en toda democracia, el superior de la más alta oficialidad de las Fuerzas Armadas es el Presidente o el Primer Ministro Constitucional de la República, según el antiguo principio milites sub civibus (los militares están bajo el poder civil).

Epílogo:

En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura.

Finalmente, en el caso del golpe de estado en Chile en 1973, ¿son justos los términos “golpe militar” y “dictadura militar”? No, rotundamente no.  Al respecto, veamos lo que dice Wikipedia, un ente informativo estadounidense que, obviamente, no tiene nada de comunista ni socialista:

Chile, que en 1973 se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina, entró en una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Nótese la definición “cívico-militar” del golpe de estado de 1973. Por cierto, lo único que fue militar fue el cuartelazo del 11 de septiembre. La dictadura, por supuesto, no fue militar, sino civil. En realidad, los militares participaron en ella solo como sus garantes armados, para que los verdaderos gobernantes manejaran el Estado a su más absoluta discreción, bajo un clima de terror de estado. Dicho, entonces, con toda propiedad, hoy en Punta Peuco deberían también estar encarcelados los que boicotearon la economía nacional durante el gobierno de la UP; los que acapararon y ocultaron nuestros productos industriales para hacer creer al pueblo que el país no producía, sabiendo que la producción nunca bajó, y que, por el contrario, se mantuvo en alza durante el gobierno de Salvador Allende; los que sacaron los productos y bienes diarios de consumo hacia fuera del país en forma de contrabando; los que viajaron a diario a Washington para planear con el Departamento de Estado norteamericano el derrocamiento del gobierno constitucional de Chile;

…los  fiscales, jueces y miembros civiles de los consejos de guerra de los juicios-farsas que terminaron con la cárcel, las torturas,  la muerte y el exilio de cientos de miles de chilenos; los soplones de la derecha y la DC que no faltaron durante los meses y varios años que siguieron al golpe; los encubridores de miles de crímenes; los médicos que participaron en las torturas; los periodistas y la prensa que ocultaba a diario lo que ocurría en Chile; los ministros de la Corte Suprema que no solo callaron ante las atrocidades que la dictadura cometía en materia de derechos humanos, sino que nunca acogieron las demandas por asesinatos, desapariciones y torturas, que presentaron ante ella familiares de las víctimas y la Vicaría de la Solidaridad fundada por el cardenal Raúl Silva Henríquez,  sabiendo que tenían la obligación de hacerlo durante los 17 años de la dictadura; etc., etc.

El 11 de septiembre es una fecha de connotación histórica, que no sólo incumbe recordar a la izquierda chilena.  Es una fecha que terminó con la línea histórica, sociocultural y política que el pueblo de Chile venía dándose desde los inicios de la República. Teníamos una economía mixta, en la que progresivamente se hacía más y más fuerte la intervención del Estado.  Sin el traicionero golpe de estado de 1973, esa línea hubiese continuado, porque todo indicaba que el gobierno de Salvador Allende resolvería los problemas que tenía en el plano económico, y, sobre todo, porque cada vez más, muchos militares se alejaban del golpismo.

Hasta 1973, vivíamos una democracia con características de las cuales la que tenemos hoy carece. Todavía nos rige una constitución política tan espuria como ilegítima, que desde 1980 hasta nuestros días sigue vigente. Nada indica seriamente que será definitivamente cambiada por una nueva y realmente democrática. Ya no tuvimos una Asamblea Constituyente que podía asegurar una constitución popular. En este 11 de septiembre, es preciso que el pueblo chileno no ceje en su lucha por acabar con las injusticias reinantes, traídas a nuestra Patria por la dictadura. La dignidad nacional que se alzó el 18 de octubre de 2019 no puede seguir debilitándose hasta su fin. Ella es la única forma de recuperar la nación para el pueblo de Chile, dejar atrás la traición y el crimen, y democratizar nuestras FF AA, empezando por exigirles que reconozcan y pidan perdón por haber usurpado al pueblo en 1973 el legítimo poder del gobierno nacional y popular que presidía el doctor Salvador Allende Gossens.

*Fuente: Edición Cero

——————————————————-

Hace 50 años

Los marinos de Talcahuano en defensa del gobierno de Allende

Danny Monsálvez Araneda

26/08/2023 – 06:00

Sede base naval de Talcahuano

Este texto fue tomado del libro Proa al golpe en la Armada. El caso Asmar-Talcahuano, (Ediciones Al Aire Libre) cuyo autor es académico e investigador en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción.

Una de las principales inquietudes que rondaban en los altos mandos de la Armada, era la certeza del trabajo de infiltración política-ideológica que estaban desarrollando los partidos de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas. Aquellas apreciaciones eran reafirmadas por los discursos de algunos partidos y movimientos a través de constantes llamados a la desobediencia de la tropa con sus altos mandos.

Por ejemplo, el secretario general del Partido Socialista manifestaba que “los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ningunas circunstancias, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso en que nuevamente algunos oficiales se alzaran, los oficiales, suboficiales, clases, soldados no tienen la obligación de obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo […], sino de oponerse activamente”.

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos cabos, marineros y suboficiales tanto en Valparaíso como en Talcahuano.

Mientras que Miguel Enríquez a mediados de julio en un discurso en el teatro Caupolicán manifestaba que “los suboficiales, soldados y carabineros deben desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas y, en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, marineros, aviadores y carabineros, los suboficiales y oficiales antigolpistas, tendrán el legítimo derecho a construir su propio ejército, el Ejército del Pueblo”.

La Armada sostenía que el trabajo de penetración de la izquierda lo que perseguía era producir una insurrección en sus filas. Hecho que para ellos quedó demostrado la primera semana de agosto, específicamente el lunes 6, en la madrugada, cuando comenzaron a ser detenidos algunos miembros de la institución, entre ellos, cabos, marineros y suboficiales, tanto en Valparaíso como en Talcahuano. Los oficiales del Servicio de Inteligencia Naval habían detectado aquellos elementos de algunas instalaciones navales vinculados a activistas de la Unidad Popular, afines a las ideas de izquierda, partidarios del Gobierno y dispuestos a su defensa.

A los días de la detención del personal de la institución, algunos medios de prensa, especialmente de oposición, daban a conocer la noticia de una “infiltración o intento de subversión en la Armada”. Al mismo tiempo se señalaba que: “En el cuartel Silva Palma, prisión que posee la Armada en este puerto dependiente de la Infantería de Marina ubicada en el Cerro Artillería, se encontraban detenidos ayer alrededor de 50 oficiales y tripulantes de las naves ‘Almirante Latorre’ y ‘Blanco Encalada’. Los detenidos fueron sorprendidos realizando actividades de orden subversivo de acuerdo con investigaciones realizadas por el Servicio de Inteligencia Naval”. En opinión de la institución, esta acción era consecuencia de la sostenida campaña de grupos de izquierda, destinados a quebrar la disciplina interna, a través de distintos llamados a la desobediencia al interior de la institución.

Pero aquello no era todo, paralelamente a lo que ocurría en algunas unidades de la Escuadra; en la Planta de Astilleros y Maestranza de la Armada (Asmar) de Talcahuano, la institución y su Servicio de Inteligencia habían detectado otro movimiento de similares características a los denunciados en Valparaíso. Al respecto el comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, contralmirante Jorge Paredes Wetzel, daba a conocer un comunicado público el cual decía: “Se ha detectado irrefutablemente que, en esta Zona Naval, elementos civiles de extrema izquierda intentaron infiltrarse en algunas Unidades y en la Planta ASMAR de Talcahuano, logrando que un muy reducido número de personal naval infringiera gravemente sus obligaciones miIitares […] al respecto, se han tomado todas las medidas necesarias y la situación está totalmente controlada y neutralizada. Los oficiales y personal dependientes de esta Zona Naval, al igual que los trabajadores de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, han reaccionado con absoluta indignación, virilidad y firmeza, frente a una situación como la antes señalada, expresando por su conducto regular su total adhesión a la institución”.

Sin embargo, un grupo de trabajadores de Asmar objetando las opiniones del contralmirante Paredes, manifestaron su malestar ante las agresiones de las cuales habían sido víctimas en los últimos días, durante la revisión de la planta industrial que ha hecho el personal de la institución en busca de posibles conexiones de algunos trabajadores con los detenidos o con elementos de izquierda ajenos a la institución.

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un “movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución”. 

El comunicado de los trabajadores de los astilleros señalaba que “… estamos en total desacuerdo con todo acto de atropello que vaya contra el respeto y la dignidad laboral […] como trabajadores conscientes de nuestro papel en la empresa en que laboramos, estamos siempre dispuestos a defender la Constitución y el orden”. Firmaban la declaración los dirigentes Ramón Carrasco, Sergio Ceballos, Francisco Cabrera, Jesús Bustos, Humberto Carrasco y Francisco Aranda.

En esta misma línea la CUT, más los cordones industriales de Talcahuano, Centro y Pesquero San Vicente hacían un llamado a todos los dirigentes y organismos de base a solidarizar y exigir la libertad de los trabajadores detenidos de Asmar, los cuales habían sido violentamente vejados y atropellados en sus derechos.

A Salvador Allende se le sumaba otro problema más. A las ya conocidas dificultades que estaba enfrentando el Gobierno, ahora tenía que explicar cuál sería su posición ante este complejo acontecimiento, especialmente cuando la institución había apuntado las acusaciones a dos connotados dirigentes de la Unidad Popular, como el senador socialista Carlos Altamirano y al diputado mapucista Oscar Guillermo Garretón.

En una declaración el presidente Salvador Allende manifestó que el Gobierno en su política de respeto al Estado de Derecho, no emite juicios sobre acontecimientos que se están investigando. Al mismo tiempo criticó la política de algunos sectores que pretenden producir un antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. “El Gobierno ha insistido en que no puede deformarse la realidad chilena con un falso antagonismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Instituciones éstas que deben mantener su integridad y profesionalismo para cumplir con las elevadas responsabilidades que imponen la defensa y seguridad nacional”. Estas opiniones fueron reafirmadas por el ministro de Defensa, Orlando Letelier del Solar, al señalar que con preocupación se ha constatado en los últimos días cómo algunos órganos de prensa y publicaciones han pretendido dañar el prestigio e institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Con respecto a las acusaciones de tortura a las cuales se les estaría sometiendo a los detenidos, el presidente Allende manifestó que “si hay culpables de torturas, serán sancionados; en caso contrario, serán castigados los que se hayan hecho responsables de imputaciones sin fundamentos”. Más enérgicos y comprometidos fueron el Comité Político y el Comité Ejecutivo Nacional de la Unidad Popular. A través de dos declaraciones expresaron su solidaridad y apoyo a Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, y Oscar Guillermo Garretón, secretario general del Partido MAPU; además, descartaron absolutamente que estos dirigentes tuvieran comprometidos en algún acto que signifique subversión o alterar el orden interno en la Armada o del país.

“… el Comité Político de la UP reafirma su solidaridad con el secretario general del PS, senador Carlos Altamirano, y con el secretario general del MAPU, diputado Oscar Guillermo Garretón. Está fuera de toda lógica que pudieran participar en actividades subversivas personeros de partidos integrantes de Gobierno y de una coalición que ha expresado reiteradamente su posición de respeto irrestricto al carácter profesional y constitucionalista de los institutos armados”.

“El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval […] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados [Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón], además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que habían logrado penetrar y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros”. 

Al respecto, la institución naval emitió un comunicado señalando que se había detectado un “movimiento subversivo en dos unidades de la Armada apoyado por elementos extremistas ajenos a la institución”.

Por su parte el entonces jefe de la Primera Zona y juez naval, almirante José Toribio Merino, no tenía dudas de quienes estaban moviendo los hilos de la infiltración y subversión en la Marina. De esta manera recuerda el hecho:

“El 7 de agosto hubo en la Escuadra un intento de infiltración comunista en los buques; se detuvo inmediatamente a los que aparecían responsables y se inició el sumario judicial correspondiente, que quedó dentro de la jurisdicción del comandante en jefe de la Primera Zona Naval y juez naval. Debí hacerme cargo de este proceso, que era de singular importancia tanto en lo institucional como en lo nacional, ya que desde un comienzo aparecían como instigadores el senador Carlos Altamirano y el diputado Oscar Guillermo Garretón […] es importante destacar que los que promovieron y trataron de destruir la disciplina institucional fueron los parlamentarios nombrados, además del secretario general del MIR, Miguel Enríquez, que había logrado penetrar. y establecer relaciones con un sargento que era suficientemente hábil como para convencer a otros”.

Para otros uniformados los planes de estos marinos relacionados con políticos eran muy claros. Se trataba de un trabajo de infiltración de los partidos de izquierda en las filas institucionales, para producir una subversión en algunas unidades. Por ejemplo, Patricio Carvajal ha señalado que “… en agosto del 73 hubo un intento de sedición en la Armada impulsado por Garretón y otros socialistas […] al comienzo hubo ciertas personas que fueron seducidas por ellos porque les ofrecían sueldos varias veces superiores en la vida particular. Luego comenzaron a planear lo que había que hacer. El plan era bastante sencillo: matar a todos los oficiales en la noche, luego bombardear Las Salinas donde está la población naval”.

Lista de marinos detenidos en Talcahuano.

Mientras que para el contralmirante Sergio Huidobro Justiniano, “la Unidad Popular, conocedora de que su adversario más difícil dentro de ella era la marina, había decidido centrar allí sus esfuerzos […] a fines de 1973 esta misión había producido sus primeros resultados positivos. En diversas unidades de la Armada y en los astilleros de Asmar en Talcahuano existían ya cerca de un centenar de infiltrados marxistas, dispuestos a todo. Eran en su mayoría, marineros jóvenes, menores de 25 años, sin arraigo en la institución naval y por ende, fáciles presas del adoctrinamiento marxista”.

Ante las acusaciones que realizó la Armada, el secretariado nacional del MIR, respondía que: “El único delito de los marinos antigolpistas de la Armada fue el de prepararse para resistir y desobedecer las incitaciones golpistas que han venido realizando en forma cada vez más frecuente y abierta hacia sus subordinados este sector de la oficialidad naval reaccionaria.

Estas denuncias de la superioridad naval también han servido a la oficialidad naval reaccionaria para justificar el desencadenamiento de persecuciones y detenciones sobre los marineros antigolpistas y trabajadores civiles de la Armada que ya han significado brutales torturas a manos de los detenidos”.

La Brigada Parlamentaria socialista, a través de su secretario coordinador, Francisco Padín, dio a conocer una declaración pública ante la detención del personal de la Armada. En uno de sus pasajes expresa la preocupación por el personal que se encuentra detenido, debido a que los interrogatorios estarían siendo efectuados por oficiales de menor graduación, sin el conocimiento del Alto Mando Naval. “La Brigada Parlamentaría Socialista solicita al respecto, la publicación de los nombres y grados de los detenidos, con especificación de los cargos que se les hacen… “.

Ante las acusaciones que realizó la Armada, el secretariado nacional del MIR, respondía que: “El único delito de los marinos antigolpistas de la Armada fue el de prepararse para resistir y desobedecer las incitaciones golpistas que han venido realizando en forma cada vez más frecuente y abierta hacia sus subordinados este sector de la oficialidad naval reaccionaria”. 

Con el transcurrir de los días, el senador Carlos Altamirano, el diputado Óscar Guillermo Garretón, más el líder del MIR, Miguel Enríquez, serán sindicados como los autores de planificar el complot contra la Armada. Mientras tanto, la institución tenía detenidas a más de doscientas personas entre marineros y civiles. Los mencionados políticos nunca han negado las reuniones que mantuvieron con estos marineros, específicamente con el grupo que encabezaba el sargento Juan Cárdenas.

Por ejemplo, Carlos Altamirano ha reconocido públicamente en más de una ocasión que él asistió a una sola reunión solicitada por estos marineros a través de Miguel Enríquez, en la cual le expusieron el complot en marcha de la Armada para dar un golpe de Estado los últimos días de agosto, y que ellos tenían un plan para anticiparse al golpe de los oficiales, a lo cual Altamirano les manifestó una gran desconfianza en su accionar. Además, el senador manifestó que los planes de los marinos de tomarse los dormitorios de los barcos, maniatando a los oficiales para luego salir a la mar era simplemente demencial, de acuerdo con la cantidad de hombres con los cuales se contaba para aquella acción. Por lo tanto “el plan me parecía absolutamente irreal y que no era mucho lo que la izquierda podía hacer, que sólo imaginaba una posible huelga general de apoyo…”.

A su vez el diputado Oscar Guillermo Garretón también reconoce una reunión con estos marinos, pero su respuesta fue de inmediato rechazo a los planes de Cárdenas y compañía. De hecho el año 1993 recuerda Garretón que “la Corte Suprema […] por seis votos contra cero, falló que yo no había hecho ninguna sedición. y entre esos seis votos estaba también el del fiscal militar Fernando Torres Silva”.

Por su parte, Andrés Pascal Allende recuerda que “como encargado del MIR para el trabajo democrático hacia las FF.AA, me correspondió organizar en una vieja quinta cercana a Puente Alto una reunión de Miguel, Carlos Altamirano y Oscar Guillermo Garretón con una delegación de suboficiales y marineros democráticos. Ellos se habían organizado en oposición a los oficiales golpistas de la Armada. Confirmaron lo que ya sabíamos: la activación sediciosa de la oficialidad golpista era creciente en todas las instituciones armadas, pero también había oficiales y, sobre todo, suboficiales, clases y soldados que se oponían al golpismo y simpatizaban con el gobierno popular”.

Lo que sí estaba claro era que el auditor general de la Armada, Rodolfo Vio Valdivieso había presentado la petición de desafuero contra Altamirano Y Garretón bajo el cargo de incitación a la sublevación en la institución.

Por aquellos días de agosto, dos eran las informaciones que circulaban en torno a aquel hecho: la oposición, amparada en este acontecimiento, reafirmaba su postura de que la izquierda pretendía infiltrar y dividir las Fuerzas Armadas, con el propósito de dar un golpe de Estado comunista para la toma del poder total. La otra información era la denuncia realizada por algunos sectores, abogados y familiares de los detenidos, de que a estos prisioneros se les estaba sometiendo a torturas. Al respecto, el Gobierno a través del aquel entonces ministro de Defensa, Orlando Letelier, solicitó al comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero Cornejo, que aclarara la versión de los apremios físicos y torturas. Esto a los días fue desmentido por el propio Montero al señalarle a Letelier que: “Yo le aseguro que esto no puede ser así. Toda la información que yo he recogido me dice que se están cumpliendo las normas del procedimiento de la Justicia Militar. Quizá ha habido acciones en cuanto a expresiones fuertes, pero no creo que haya habido violencia física en contra de estas personas”.

“Es más -agregaría Montero- la Armada no usa las flagelaciones, eso lo pueden descartar”.

La situación de Montero era de absoluta complejidad, encontrándose prácticamente aislado y neutralizado, ya había perdido toda ascendencia y mando sobre un importante número de uniformados, ya que éstos consideraban a Montero un almirante con simpatías por la izquierda, y un comandante sin poder de decisión, que canalizaba las inquietudes del alto mando ante el Ejecutivo, especialmente referidas al clima de violencia y desorden imperante en el país y de la cual responsabilizaban en gran parte a los partidos de la Unidad Popular.

Andrés Pascal Allende recuerda que “como encargado del MIR para el trabajo democrático hacia las FF.AA, me correspondió organizar en una vieja quinta cercana a Puente Alto una reunión de Miguel, Carlos Altamirano y Oscar Guillermo Garretón con una delegación de suboficiales y marineros democráticos. Ellos se habían organizado en oposición a los oficiales golpistas de la Armada. Confirmaron lo que ya sabíamos: la activación sediciosa de la oficialidad golpista era creciente en todas las instituciones armadas, pero también había oficiales y, sobre todo, suboficiales, clases y soldados que se oponían al golpismo y simpatizaban con el gobierno popular”.  

Volviendo a Talcahuano, el comandante en jefe de la segunda Zona Naval, Jorge Paredes Wetzel, emitió un nuevo comunicado donde reafirmaba los conceptos expuestos por la institución con motivo de los hechos denunciados el 9 del presente mes. En el comunicado público la institución señaló, entre otras cosas, que “… las detenciones que han debido cumplirse se han ajustado absolutamente a la legalidad y las investigaciones se han realizado acorde con la gravedad que los hechos evidenciados exigían. Cualquier otra interpretación que se quiera dar, escapa a la verdad y es responsabilidad de quien la emita. La sola duda que se pretendiera sembrar en estos aspectos, agravia el honor de la institución. La Armada es fiel cumplidora y guardiana del imperio de la Constitución y la Ley. No acepta la infiltración de elementos políticos de cualquier orden dentro de sus filas. Tampoco el que se pretenda debilitar su cohesión y disciplina bajo cualquier medio o presión…”.

Entretanto, los detenidos permanecían en diferentes unidades de la institución, como en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso y otros tantos en el Cuartel Borgoño de Talcahuano.

No obstante, las declaraciones y comunicados institucionales, la idea de que los detenidos habían y estaban siendo sometidos a flagelaciones adquiría mayor fuerza en la opinión pública y en los familiares y amigos de éstos. En visita a la ciudad, por expresa invitación de los familiares de los detenidos, la senadora socialista María Elena Carrera se entrevistó con el jefe de la Segunda Zona Naval, contralmirante Jorge Paredes, quien, en palabras de la senadora, una vez más negó rotundamente las aseveraciones y rumores que circulaban en torno a eventuales torturas. Es más, agregó que “… si hubiera habido flagelaciones esos hechos quedarían consignados en el sumario que se instruye al respecto y, en tal caso, se procedería a efectuar las investigaciones pertinentes”.

Al mismo tiempo me manifestó el Almirante Paredes que él personalmente no estimaba que eso fuera efectivo.

Finalmente, a fines de agosto la Armada, a través del comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contralmirante Daniel Arellano, dio a conocer la nómina de los detenidos, reos y procesados en Valparaíso y Talcahuano “relacionados con el complot subversivo descubierto en algunas secciones de la Armada Nacional”.

https://interferencia.cl/articulos/los-marinos-de-talcahuano-en-defensa-del-gobierno-de-allende

La preparación del Golpe de Estado en la Armada: Así lo narró la Revista Chile HOY en agosto de 1973

La revista semanal «Chile HOY» dirigida por la intelectual Marta Harnecker realizó un agudo seguimiento a la preparación del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973

Por Amauta

Publicado en

1973ChileMemoria / Memoria50Años

La revista semanal «Chile HOY» dirigida por la intelectual Marta Harnecker realizó un agudo seguimiento a la preparación del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En sus últimas ediciones tras el derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende, de hecho, le dedica la mayor parte de las portadas y un significativo número de reportajes a los acontecimientos al interior de las Fuerzas Armadas, representando documentos histórico invaluables como tantos otros de la experiencia de la «vía chilena al socialismo», a pesar de lo cual han permanecido ignorados u ocultos para buena parte de la ciudadanía.

En esta nueva nota de nuestra sección de «Memoria 50 años», hemos transcrito de manera íntegra algunos de los reportajes de la revista número 63 de «Chile HOY», semana del 24 al 30 de agosto (la antepenúltima antes de ser interrumpida por el Golpe de Estado), en la que se aborda en detalle las operaciones de preparación golpista en la Armada de Chile, con especial foco en la detención y tortura de los muchos marinos que percatándose de los inicios del plan de derrocamiento del Gobierno de Allende y la UP, se oponen a él e intentan denunciarlo, siendo injusta e ilegalmente violentados por parte de la institución armada y una abierta violación a sus derechos humanos más básicos.

Portadas de los últimos números del semanario «Chile HOY» antes del Golpe de Estado. Disponibles en web «Biblioteca Clodomiro Almeyda».

PLAN GOLPISTA EN LA ARMADA

(Revista Chile HOY nº63, 24 al 30 de agosto de 1973).

En medio de indicios cada vez más claros del grado de hostilidad contra el Gobierno y la izquierda a que están llegando sectores de las Fuerzas Armadas, la Marina vive una gravísima situación, en que un grupo de marineros y suboficiales, acusados de subversión, son víctimas de brutal represión de parte de oficiales abiertamente sediciosos. En estas páginas se denuncias sus planes, sobre la base de informaciones entregadas por los Comités de Defensa y Solidaridad de la marinería antigolpista, constituidos en Santiago y Concepción, el aparato de informaciones del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el corresponsal de Chile HOY en Concepción, Álvaro Rojas.

Desde el martes 7 de agosto, en que la Armada emitió una declaración denunciando “la gestación de un movimiento subversivo en dos unidades de la escuadra, apoyados por elementos ajenos a la institución…”, esa rama de las Fuerzas Armadas quedó en el centro del episodio político-militar más controvertido de todos los que ya se están haciendo habituales en la información y el acontecer del país. El 29 de junio el levantamiento de un grupo de oficiales del Regimiento Blindado Nº2 de Santiago demostró que el Ejército no estaba ni mucho menos al margen de la polarización política que puede advertirse en todas las instituciones chilenas, a tres años escasos del Gobierno de la Unidad Popular. La crisis provocada en el seno de la Fuerza Aérea por la renuncia de su ex Comandante en Jefe (ver pág. 5) hizo saber que algo parecido ocurría entre los aviadores militares. Pero todo esto resulta de un significado muy reducido cuando se examina lo que viene ocurriendo desde hace por lo menos dos meses en la Marina.

En ese cuerpo armado se han estado produciendo incidentes de una gravedad tal, que han obligado a parlamentarios de izquierda, a la Central Única de Trabajadores y a los propios partidos populares a denunciar los excesos contra suboficiales y soldados que sólo han manifestado su lealtad al Gobierno.

Esos excesos aparecen claramente detallados por el abogado Pedro Enríquez, en la entrevista que concedió a Chile HOY (ver págs. 32 y 29) y todo lleva a concluir que son el resultado del enfrentamiento dentro de la Armada, entre oficiales que han mantenido desde hace meses una actitud abiertamente golpista y suboficiales y marineros que se negaron a secundar sus planes.

Según la información reunida por este semanario, aquellos oficiales habían elaborado todo un plan destinado a derrocar al Gobierno de Salvador Allende, que básicamente se apoyaba en dos puntos: 1º) utilización de la escuadra para controlar desde la costa todos los sistemas de abastecimientos del país que utilizan las vías marítimas o las carreteras cercanas al mar y 2º) contactos conspirativos con elementos derechistas de la Fuerza Aérea y el Ejército. La idea consistía en actuar ante alzamientos parciales de esas otras dos armas, como, por ejemplo, la que estalló el 29 de junio en el Blindado Nº2.

PLANES FRUSTRADOS

Estos planes, sin embargo, se vieron amenazados y de hecho frustrados, por la situación dentro de la marinería y la suboficialidad naval, donde hace meses también puede advertirse un mayoritario sentimiento antigolpista y de lealtad hacia el Gobierno constitucional. Prácticamente en todas las unidades de las tres zonas navales en que la Marina tiene dividido el territorio y la costa chilenos -Valparaíso, Talcahuano y Punta Arenas- se han estado produciendo hechos insólitos en un país donde tanto la derecha como la izquierda han cultivado una concepción “apolítica” y netamente “profesional” de la actividad militar. Oficiales derechistas han estado lanzando arengas, especialmente ante la suboficialidad, en las que se utiliza exactamente el mismo lenguaje de políticos como Onofre Jarpa y Eduardo Frei: el Gobierno no se propone rectificar su política: ya ni siquiera los más enérgicos emplazamientos dan resultados y la única “solución” consiste en derrocarlo.

En esas mismas arengas, que fueron particularmente frecuentes durante el mes de julio, se planteaba que un primer paso fundamental consistía en destruir las organizaciones de masas de izquierdas, muy especialmente los cordones industriales y comandos comunales, utilizando la Ley de Control de Armas.

Para ir creando un clima de descontento contra el Gobierno en los cuadros navales de extracción social proletaria, los oficiales derechistas se propusieron entorpecer el abastecimiento de suboficiales y tropa. Esto fue visible en la base de Talcahuano, por ejemplo: los oficiales de la segunda zona, Ferrada, Agüero, Ramírez y Tagle y los capitanes de fragata, Minoletti y Novoa (ex segundo comandante de Crucero Lattore) se coludieron con el comerciante y dueño de supermercados Elías Saka, para negar a marineros y suboficiales el abastecimiento que en cambio recibían normalmente los oficiales. Todo era justificado por el jefe de abastecimientos de la base, capitán de fragata Martiniano Parra, quien fue el autor de una de las más violentas arengas a los suboficiales, en la base de Talcahuano, el 23 de julio: sostuvo que la situación política en el país era gravísima y que era posible que la Marina tuviese que participar en un golpe de Estado, para lo cual era esencial que se mantuviese firmemente unida. Llamó a su auditorio a no tener miedo a los civiles armados, pues éstos nada podrían hacer ante las poderosas unidades de combate de las Fuerzas Armadas.

Esta actividad, no ya deliberante, sino abiertamente sediciosa, se hizo cruda y desembozada a partir del “Tancazo” del 29 de junio. La oficialidad lucía gran seguridad en sus capacidades de mando y en sus recursos propiamente militares, muy especialmente en la capacidad para el combate y la calidad del armamento de los Infantes de Marina, los cosacos” del cuerpo, cuyo papel consistía en participar en los combates en tierra. Sin embargo, cuando se detectó la actitud leal al Gobierno constitucional en las tripulaciones, los “cosacos” pasaron a desempeñar un papel fundamental en los planes golpistas: debían incorporarse a los barcos de guerra para neutralizar a la marinería.

Todo el plan, desde la agitación golpista por la vía de las arengas hasta la creación de descontento a través de las dificultades en el abastecimiento, parecía listo para implementarse a comienzos de agosto. Los buques, dotados normalmente de pertrechos suficientes para permanecer en el mar durante 30 días, recibieron un sobreabastecimiento capaz de mantenerlos sin tocar tierra durante otros 60 días. De las unidades mayores, el Prat, el O`Higgins y el Almirante Latorre, había antes de agosto, dos en malas condiciones: el Prat y el O`Higgins. El segundo tenía prioridad en los planes de Asmar (Astilleros y Materiales de la Armada), pero fue postergado para acondicionar el Prat, más poderoso y útil para el papel de patrullaje o ataque, junto al Latorre, desde cualquier punto de la costa. El O´Higgins quedaría apostado frente a Talcahuano, dispuesto a controlar la situación en la importante bahía que cobija algunos de los centros industriales más importantes de Chile. En esta operación de cambio de planes de reparación le cupo un importante papel al contralmirante Ismael Huerta (ex Ministro de Obras Públicas y Transporte en el gabinete cívico-militar posterior al paro de octubre, muy citado por la derecha como violento opositor a los planes de reforma educacional del Gobierno para crear la Escuela Nacional Unificada, que renucnió a su cargo en una actitud muy similar a la reciente del ex Comandante en Jefe de la FACH, César Ruiz Danyau), quien se trasladó a Talcahuano para discutir el operativo con el almirante Wood, jefe de ASMAR.

Sin embargo, ya a fines de junio resultaba evidente la falta de confianza de la oficialidad en sus subordinados y muy especialmente en la marinería. Después del 29, una circular interna dispuso que sólo los oficiales se mantuvieran armados. En ASMAR de Talcahuano se cambió el régimen del casino, disponiéndose que los uniformados no comieran junto a los civiles contratados especialmente para trabajos técnicos o administrativos, sino separados por talleres. Los “armerillos” o compartimentos donde se guardan las armas livianas, fueron cambiados de lugar, a emplazamientos conocidos por los oficiales.

Marinos antigolpistas, fotos de la página «Marinos Constitucionalistas».

BASE REAL

Toda esta desconfianza tenía una base muy real: como consecuencias de las arengas golpistas de los oficiales reaccionarios, suboficiales y marinos comenzaron cada vez con mayor frecuencia a reunirse en corrillos para comentar las proposiciones sediciosas de sus superiores. Esto tuvo un doble efecto: por una parte frenó la puesta en marcha del plan general sedicioso. Pero , por otra, desencadenó la represión contra los elementos no dispuestos a participar en aventuras golpistas. Esto fue visible tanto en Valparaíso como en Talcahuano y Concepción y comenzó bastante antes del 7 de agosto, cuando la superioridad naval emitió su comunicado denunciando el “movimiento subversivo”. Ya a partir del frustrado “tancazo” comenzaron a practicarse arrestos en la suboficialidad y la marinería. Se trataba por una parte de amedrentar a los antigolpistas y, por otra, de investigar exactamente quiénes y cuántos eran.

Aquel fue el comienzo de todas una etapa de franca represión: en la base aeronaval de El Belloto, el mismo 29 de junio hubo gran agitación: los oficiales, encabezados por el jefe de la base, el capitán de fragata Vásquez, discutían abiertamente la necesidad de apoyar el golpe del coronel Souper. Ante esto, la suboficialidad designó a un grupo de delegados que manifestaron a Vásquez que ellos no estaban de acuerdo con el golpe y defendían al Gobierno constitucional. A raíz de ello, fueron detenidos cinco suboficiales, a los que se acusó de insubordinación. Era comprensible tan airada reacción, pues la actitud constitucionalista de ellos había frustrado el plan de apoyo a Souper, que consistía en hacer funcionar un puente aéreo, El Belloto-Santiago, para trasladar a la capital a un contingente de los temibles “cosacos” o infantes de marina, que apoyarían a los militares sublevados en la capital. Tras los arrestos, la base fue reforzada con tropas de “cosacos”.

Aquel mismo día, en la Escuela de Ingeniería Naval de Las Salinas, un grupo de marineros y suboficiales comentaban en la sala de guardia una de las arengas golpistas. Un oficial que pasó por allí y escuchó la discusión, hizo arrestar a los doce que estaban informalmente reunidos, acusándoles de “deliberación”. Luego, él mismo los interrogó por separado y los acusó de subversión. El grupo fue flagelado, golpeado y todo se difundió profusamente en la base, para que sirviera de lección al resto de los constitucionalistas y naturalmente a todo elemento simpatizante de izquierda.

En la Segunda Zona, la situación era muy similar. A partir del 29 de junio, el jefe del Servicio de Inteligencia Naval, capitán de fragata Gajardo Alarcón, dirigió arrestos y allanamientos en Talcahuano y Concepción. En el puerto militar, el capitán de Infantería de Marina Koeller, junto al capitán Acuña, de la Inteligencia Naval, llevaron a cabo una verdadera razzia contra la marinería. Allí se cometieron distintas irregularidades con los detenidos: el capitán Koeller estaba presente cuando el Fiscal Naval interrogó a los marinos que habían sido detenidos y les apremiaba y amenazaba con nuevos interrogatorios si negaban las declaraciones prestadas bajo apremio. Después, los detenidos fueron nuevamente interrogados y flagelados por los tenientes Jaeger, Letelier y Luna. Otros, les golpeaban: los tenientes Alarcón, Tapia, Maldonado y el subteniente Boetsch, de la Infantería de Marina.

En Valparaíso la situación para los marineros se hizo crítica a partir de los primeros días de agosto. El lunes 6 a las ocho de la noche, la Armada dispuso acuartelamiento en primer grado para la Escuadra, alegando que el personal debía participar en la requisición de camiones. Los efectivos que habían salido de franco debieron regresar al puerto. A los que iban retornando y a los que habían permanecido en el puerto o en las unidades en la escuadra se les revisó e interrogó. Como resultado de esta investigación, fue detenido un número no precisado, al que se condujo al fuerte Silva Palma. De allí se había retirado a todos los presos “comunes”, para destinar el recinto exclusivamente a los “políticos”. Entre éstos se encontraban el sargento segundo Cárdenas y el cabo electricista Blaset. Junto a otros siete, fueron sacados de la prisión la noche del martes 7, engrillados y con los ojos vendados. Los llevaron hacia el acantilado Puertas Negras, en Valparaíso, y allí les golpearon y los torturaron, sumergiéndolos desnudos en el mar. El miércoles 8, por la mañana, los llevaron de regreso al cuartel Silva Palma, donde siguieron torturándolos. Luego, les llevaron a Talcahuano, en avión. En esta ciudad se habían realizado arrestos masivos en los cruceros Prat y O`Higgins y en el recinto de ASMAR.

De todos los detenidos y torturados, el que parece más duramente afectado es el sargento Cárdenas. Aunque los abogados no han podido verlo (ver entrevista), por testimonios de sus compañeros dse sabe que luce en su rostro huellas de los golpes recibidos y que incluso da muestras de trastornos mentales.

Con todos estos antecedentes no resulta difícil comprender la actitud que muestran los oficiales de la Marina en aquellos centros en que han ocurrido los hechos: permanecen fuertemente armados y entre los golpistas se mantiene una actitud agresiva, destinada a crear una sensación de pánico en sus compañeros, contra la reacción que podría tener la marinería,m con el fin de neutralizar a los no partidarios del golpe o incluso ganarlos para sus planes

Vista aérea actual de la Base Naval de Talcahuano y la planta de ASMAR Chile. Fuente: AllFlightMods.

OTRAS DENUNCIAS

Presentamos aquí otras denuncias formuladas por los trabajadores de los cordones industriales, comandos comunales y organizaciones sindicales y políticas de Concepción.

• Allanamiento a las pesqueras Marcos y Sarquis en Talcahuano, realizado sin justificación alguna. Se llevó a cabo con gran brutalidad y violencia contra los trabajadores. Lo único que pudieron llevarse como elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas, fueron cuchillos con los que los obreros trabajan los pescados, es decir, sus herramientas de trabajo.
• Secuestro, vejamen y torturas de los tres estudiantes que hacían propaganda antigolpista por grupo de oficiales del Regimiento de Chacabuco. Se les cortó el pelo al rape y se les golpeó brutalmente, por haber expresado públicamente sus posiciones antigolpistas.
• Secuestro, vejamen y tortura del funcionario del Instituto de Arte de la Universidad de Concepción, Leonardo Adhiles, por el hecho de portar propaganda política mientras caminaba por las calles céntricas de Concepción. Fue llevado al Regimiento Guías por un grupo de oficiales y golpeado allí hasta quebrarlo dos dientes. Hasta el día de hoy se encuentra en reposo, en estado grave, por el efecto del traumatismo encefanocraneáno sufrido como consecuencia de los golpes recibidos.
• Intento de allanamiento del Hospital de Niños Leonor Mascayano, por parte de un grupo de oficiales del Ejército, bajo el pretexto de aplicar allí la Ley de Control de Armas, que fue frustrado a último minuto.
• Intentos permanentes de destruir la organización laboral de los trabajadores de ASMAR por parte de la oficialidad de la Armada. Se ha planteado durante más de un año, por parte de la jefatura de la II Zona Naval, la decisión de que los trabajadores de ASMAR se sometan al régimen militar, para que así no puedan organizarse en sindicatos ni en asociaciones de trbaajdores independientes. Se han realizado una serie de acciones de amedrentamiento, registros y vejaciones a los trabajadores..
• Allanamientos por parte de los oficiales de la Marina, de las industrias COSAP y Elextroquímica Penco y Talcahuano, bajo el pretexto de búsqueda de arsenales inexistentes. Los trabajadores de estas industrias fueron golpeados sin contemplaciones por las fuerzas de Infantería de Marina.
• Incitaciones golpistas: Desde el 29 de junio el teniente segundo Jaime Olavarrieta se ha dedicado a arengar a la tropa y a hacer agitación pro fascista all interior de la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina.
• También desde el Tancazo, el teniente Julio Meneses, enfermero jefe del Hospital Naval, arenga casi diariamente al personal del hospital, llamando al golpe de Estado. Además, persigue al personal de izquierda del hospital tratando de que se les expulse del trabajo, acusándolos ante el almirante “por hacer política en el hospital”.
• Detención del innumerables trabajadores de ASMAR y marineros de la Escuadra, que desde sus lugares de trabajo fueron llevados a los cuarteles de la Base Naval. Allí, en absoluta impunidad, han sido torturados durante días enteros para obligarlos a reconocer su participación en un complot que los oficiales han inventado. Estarían detenidos Víctor Estar, Carlos González, Luis Jaramillo, Daniel Rayman, Luis González, Henry Gómez, Daniel Marinao, Cruces Opazo, y las compañeras Doris López, Lucy Rebolledo y Janet Peñailillo.

(Hay muchos otros civiles y militares, cuya situación nadie conoce.)

Esposa de Cárdenas. “No querían disparar al pueblo”

Chile HOY conversó con Regina Muñoz Vera, esposa del sargento Juan Cárdenas, detenido hace algunas semanas por personal de la Armada.

– ¿Cómo se siente usted con todo lo que está pasando?

– En forma moral totalmente destrozada, porque no puedo concebir que esta gente sea tan injutamente detenida y tan fuertemente mortificada. Han sido flagelados hasta lo más íntimo. Por eso estamos tratando de hacer claridad en las masas y tratando de hacernos oír por las autoridades a fin de que se haga justicia y no ocurran más estas situaciones.

– ¿Qué opina usted de las palabras del Presidente Allende cuando se refirió a estos hechos en el discurso introductorio al nuevo Gabinete?

– Yo mucho no sé de política. A mi modo de ver, parece que le Presidente condenó a la gente de “ultraizquierda”, diciendo que había que reprimirlos. Me parece que él está muy mal informado, que las cosas no le llegan bien claras…

– Usted dice que no entiende mucho de política, ¿Cree que ha aprendido algo con lo que está pasando?

– Ya lo creo. Estoy aprendiendo, esto me ha enseñado muchísimo: veo que las injusticias no se han terminado. Pensaba yo que en el Gobierno Popular no se iban a presentar estas situaciones, pero parece que siguen habiendo tantas injusticias… Hay que terminar con esto. Yo quiero llamar a que el pueblo preste su solidaridad, porque lo único que ellos pensaban era que no querían enfrentarse en contra de ellos; no ser utilizados en un golpe de Estado. Y creo que es necesario que les devuelvan la mano en estos momentos, porque yo creo que ellos no habrían actuado disparando contra los trabajadores en caso de un golpe.

– Cuando su marido iba a su casa, ¿comentaba esta posibilidad de tener que enfrentarse al pueblo?

– Él estaba preocupado de que ocurriera un Jakarta, porque los planes de la ultraderecha, que está en la oficialidad son terribles, piensan eliminar mucha gente. No podemos aceptar que nuestros hermanos caigan en forma tan injusta.

Abogado Pedro Enríquez denuncia

TORTURAS EN LA ARMADA

Por MARTA HARNECKER y FARIDE ZERÁN

La opinión pública está informada de la llamada “subversión” en la armada, denunciada pocos días antes de que asumiera el nuevo Gabinete. Por los detalles que rodean este caso y por los antecedentes que no han sido lo suficientemente difundidos por la prensa, Chile HOY decidió entrevistar a uno de los abogados que defiende a los trabajadores y a la marinería acusada por el alto mando de la Armada.

Pedro Enríquez Barra, casado, dos hijos, 37 años, militante del Movimiento de Izquierda Regolucionaria, ha ejercido su profesión en la ciudad de Concepción. Actuó como abogado dela Federación de Estudiantes de esa ciudad durante todo el período de represión al pueblo por parte del Gobierno de Frei.

En el año 1967 tuvo a su cargo la defensa ante la Fiscalía Militar de Concepción en el proceso seguido en contra de Luciano Cruz, el desaparecido líder del MIR. Durante el año 1969 y parte del 70, junto a un equipo de abogados de izquierda, tuvo la defensa del juicio por presunta comisiń de delitos contra la Seguridad del Estado que ordenó la Intendencia de Concepción por resolución del Gobierno de Frei en contra de Neléson Gutirrez, actual miembro de la Comisión Política del MIR, y de Manuel Rodríguez, ahora diputado del Partido Socialista.

Es además, primer director del Sindicato Provincial de Abogados y Procuradores de la Provincia de Concepción, organismo gremial creado por abogados y estudiantes de Derecho para agrupar a los profesionales de la izquierda. Forma parte en representación del Sindicato de Abogados, de la Comisión de Derechos Humanos creada en Concepción para denunciar los actos de flagelaciones y vejámenes en que han incurrido algunos sectores reaccionarios de uniformados en contra de estudiantes y obreros de esa ciudad a partir del 29 de junio.

Ch. H.: La Armada ha lanzado una persecución en contra de un grupo de marineros, acusándoles de subversión y extremismo, ¿Cuál es su versión de los hechos?

P.E.: El cargo de subversión y extremismo era contra de marinos y trabajadores dado a conocer por las autoridades de la Armada no resiste el menor análisis. Bástenos señalar que a partir del 5 de agosto de 1973 fueron detenidos e incomunicados y salvajemente torturados, para recién con fecha 14 del mismo mes, terminar el Fiscal Naval de Talcahuano, don Fernando Jiménez Larraín, encargándolos reos por el delito de incumplimiento de deberes militares previsto en el numerando 3.º del artículo 299 del Código de Justicia Militar, figura delictual que surge precisamente por exclusión de cualquier otro delito específico. Por así decirlo, cuando no hay delito que achacar, se encarga reo por incumplimiento de deberes militares, desde faltas como no cortarse el pelo hasta el quebrantamiento de un reglamento.

La verdad es muy otra. Desde que se supo que Allende había ganado la elección presidencial, sectores reaccionarios de la Armada comenzaron a prepararse para concretar en momento oportuno un golpe de Estado contra el Gobierno Constitucional. Estas manifestaciones golpistas fueron ampliamente detectadas por marinos y trabajadores, tanto de los buques principales de la Armada, como el “Blanco Encalada”, el “O`Higgins” o el “Prat”, como por trabajadores de las distintas plantas de ASMAR. Ello motivó que entre algunos suboficiales y marinos y algunos trabajadores de ASMAR, se hablase de no prestarse para un golpe en contra del Gobierno legal y -en caso de llegar a concretarse-, oponerse a él. Estas conversaciones llegaron a oídos de implicados en las maniobras golpistas, los que movieron sus influencias en los mandos y en la oficialidad reaccionaria, lo que han llevado a montar esta monstruosa farsa de la subversión y del extremismo en las filas de la Armada. El único delito cometido por los marinos y trabajadores flagelados y procesados es profesar ideas de izquierda y estar dispuestos a oponerse a un golpe en contra del Gobierno constitucional. Así lo han declarado en el proceso y por ello no se les ha podido imputar, hasta el momento, más que algo tan vago como “incumplimiento de deberes militares”.

Ch.H.: Según declaraciones a “El Siglo” del diputado comunista Manuel Cantero, “los marinos acusados no han tenido defensa legal que corresponde a todos los ciudadanos”.

P.E.: Es del todo efctiva esa afirmación que hace Canteros. La experiencia del equipo de abogados que estamos actuando en la defensa de los trabajadores y marinos detenidos..

Ch.H.: ¿Qué equipo de abogados?

P.E.: Hemos conformado un equipo de tres abogados: los compañeros Hernán Mege y Marcelo Burgos, que en conjunto con el suscrito y por expreso encargo del Sindicato y de la Comisión de Derechos Humanos, nos hemos puesto a disposición de los familiares de los inculpados. Hago presente que esto no ha sido del agrado de las autoridades del Apostadero Naval, quienes conminaron a los trabajadores y marinos a no hacerse defender por “abogados políticos”, y que la propia Armada les pondría a quienes les harían su defensa. De más está decir el recelo que a los afectados les produjo esa sibilina y singular oferta de defensa que ahora se les hacía parte de sus verdugos.

Ch. H.: Volviendo a la pregunta anterior, donde usted hablaba de la defensa de los detenidos…

P.E.: Sí, decía que la experiencia del equipo de abogados que estamos actuando en la defensa de los trabajadores y marinos detenidos puede resumirse en el hecho tan simple como absurdo de que se  nos impidió físicamente el acceso a la Fiscalía Naval de Talcahuano. Concurrimos allí los días 11, 13 y 14 de agosto, a las más diversas horas. Aprovechando que las oficinas de la Fiscalía están ubicadas dentro del Apostadero Naval, se nos impidió la entrada por órdenes directas de las autoridades de la Base Naval, órdenes que no pudimos quebrar, toda vez que la guardia había sido especialmente conminada a no permitir el acceso en particular a los abogados que nos interesábamos por este caso. Denunciamos por declaraciones de prensa y recurrimos al Colegio de Abogados para, finalmente, y después de enojosas incidencias en los accesos del Apostadero, pudimos entrevistarnos con el Fiscal instructor del proceso. Ello recién el 16 de agosto. En esa entrevista, el Fiscal Fernándo Jiménez se descargó de toda responsabilidad por los impedimentos que en nuestro ejercicio profesional habíamos sufrido, diciendo que el Apostadero Naval era recinto militar y que no dependía de él, sino de las autoridades de la base, el ingreso de personas a la Fiscalía ya que sus oficinas quedaban dentro del apostadero.

Ante el señor Jiménez Larraín insistimos en la urgente necesidad de entrevista con los detenidos. En particular nos interesaba conversar con Juan Cárdenas Villablanca, Sargento 2.º de Máquinas, que había sido trasladado desde Valparaíso y quien, según todas las evidencias que habíamos logrado renoir, había sido bárbaramente torturado. El Discal se comprometió a permitirnos una entrevista con los detenidos al día siguiente, y llamó para darle a conocer su decisión a un capitán de apellido Gajardo, que hace las veces de encargado del Apostadero Naval en cuanto dice relación con el régimen de los detenidos. Al día siguiente, cuando concurrimos a las 16 horas -que era la que el mismo Capitán Gajardo nos había señalado para la entrevista-, nos encontramos con que todos los deternidos de Valparaíso que estaban en la Quiriquina habían sido despachados a esa ciudad al mediodía. “Lamentablemente -nos dijo el Capitán Gajardo- esas personas ya no están en la zona”. Así se burló la posibilidad de no diremos prestar auxilio legal a los marinos enujuiciados, sino simplemente de poder verlos un instante.

Ch. H:: ¿Y a los detenidos de Talcahuano pudieron verlos ese día?

P.E.: Ese día no. Sólo el sábado por la tarde pudimos entrevistarnos con cuatro de esos detenidos; en cuanto a los restantes, el Capitán Gajardo sostuvo que no habían pedido nuestra defensa. Este hecho es absolutamente falso, como pudimos comprobarlo el domingo al conversar con ellos, luego de insistentes demandas ante Gajardo. Lo primero que nos manifestaron esos inculpados fue, precisamente, que habían pedido la asesoría de nuestro equipo de abogados.

ChH:: ¿Qué características tiene el régimen de justicia militar que debería ser aplicado en estos casos?

P.E.: Por ser delitos del fuero militar los que se investigan,, los procesados están sujetos a la jurisdicción de los tribunales especiales que actúan en estos casos. La justicia militar en tiempos de paz, está entregada al conocimiento de Fiscales en su parte de instrucción del sumario; en el caso concreto, del Fiscal Naval. Se caracteriza el procedimiento por ser, normalmente, más rápido y concentrado que el procedimiento ordinario. La sentencia de primera instancia es pronunciada por el oficial naval de más alto grado de la jurisdicción de la Fiscalía respectiva, y la sentencia de segunda instancia es pronunciada por la Corte Marcial Naval con asiento en el puerto de Valparaíso,compuesta de dos Ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, un Oficial de Marina del grado de Almirante o Capitán de Navío en servicio activo o retiro y del Auditor General de Marina.

Ch.H.: ¿Y cuál es la defensa con que pueden contar los inculpados?

P.E.: Como en todo juicio, el afectado tiene el elemental derecho de hacerse asesorar por abogados si así lo desea.

Ch.H.: ¿Quiere decir entonces que al habérseles negado la asesoría legal se ha atentado en contra de los derechos humanos?

P.E.: Evidentemente.

Ch.H.: Se dice que los detenidos han sido torturados y flagelados. ¿Es efectivo?¿Qué antecedentes tiene usted?¿Cuáles fueron sus fuentes de información?

P.E.: Las torturas y flagelaciones a que han sido sometidos todos y cada uno de los trabajadores de ASMAR y marinos detenidos constituyen la parte más siniestra de la farsa montada en contra de ellos. Estamos en condiciones de afirmar, sin sombra alguna de dudas, que tales personas fueron sometidas a bárbaras e ignominiosas torturas. De tales hechos tomamos conocimiento primero, por comentarios de trabajadores de ASMAR que presenciaron la forma en que fueron detenidos algunos de los inculpados, con un despliegue de violencia inusitado y con un despliegue de armamento más bien propio de un país ocupado por fuerzas enemigas. Posteriormente, con fecha 13 de agosto por la noche fueron detenidos los hermanos Vergara, en un aparatoso allanamiento efectuado en su domicilio. Uno es estudiante del Liceo y otro del primer año de la universidad local. Estos muchachos, en el curso de su detención a manos del Servicio de Inteligencia de la Armada, fueron careados con el detenido Juan Cárdenas y allí pudieron darse cuenta de claras señales de maltrato que tenía en el rostro y en la cabeza, fuera de que apenas podía sostenerse en pie. Agreguemos a lo anterior que los propios muchachos, no obstante su corta edad, 16 y 17 años respectivamente, fueron flagelados sin tener ninguna relación con los hechos investigados. Tan es así que el Fiscal se vio obligado a dejarlos en libertad por falta de méritos. El detalle completo de las flagelaciones lo tuvimos, por último, cuando logramos ya entrevistarnos con ocho de los detenidos quienes nos dieron la siguiente versión de este aspecto de la represión:

“Se nos condujo, individualmente, al llamado Cuartel Borgoño, donde violentamente y bajo amenaza de las armas, se nos obligó a desnudarnos completamente. Como no tuviéramos la suficiente premura, a juicio de los aprehensores, se nos propinaban puntapiés y golpes con el armamento. En seguida se nos introdujo a un lugar en que había un charco o “piscina” como ellos lo denominaban, formado por barro, excremento, cascajos y mugres. Allí se nos obligó a chapotear. En seguida, se nos hizo pasar arrastrándonos por sobre cascajos en condiciones tales que estábamos obligados a restregar brazos y piernas en los cascajos. En seguida de un largo período de esta suerte de ablandamiento, a algunos nos sujetaban de manos y piernas apoyados contra una pared, mientras otro individuo nos golpeaba con sus puños, especialmente en la región del estómago. A otros, este mismo “tratamiento” fue aplicado obligándolos a permanecer con las manos y brazos apoyados en una pared y en el suelo, respectivamente, inclinados y con los miembros abiertos, posición que era aprovechada para darles de puntapiés en la boca del estómago, hasta que no soportaban más y se caían, hecho que era castigado con puntapiés donde tocara. Finalmente, éramos sumergidos en un tambor aceitero lleno de agua con barro y excrementos, inmersión que se hacía metiéndonos de cabeza y sujetándonos de los pies. Cuando estos individuos calculaban que era peligroso para nuestra vida continuar la flagelación, nos retiraban. Por último, cuando estimaban que nuestra capacidad moral y física estaba quebrada, recién se nos hacían preguntas o interrogatorios. Si algo de lo contestado no les parecía suficiente o no les parecía verdadero de acuerdo con las pautas que dirigían unos oficiales, éramos nuevamente introducidos en los tarros de agua y barro para “ablandarnos” otro poco”.

Algunas de estas personas, que naturalmente por respeto a su dignidad no queremos individualizar, fueron obligados a comer excrementos humanos. De estos mismos detenidos, hay quienes fueron careados con el Sargento Cárdenas, que confirman en todas sus partes lo que ya habían comprobado los hermanos Vergara, esto es, que el hombre presentaba lesiones en la cara, que estaba muy deshecho físicamente y que incluso uno de sus brazos estaba en cabestrillo y con vendas. Se explica así los obstáculos que encontramos con el Fiscal y con el Capitán Gajardo para poderlo entrevistar.

Ch.H.: ¿Es efectivo que en los últimos días se han realizado numerosos allanamientos en casas de simpatizantes y militantes de izquierda?

P.E.: Efectivamente, con el pretexto de la investigación abierta en contra de los trabajadores de ASMAR y en contra de los marinos, se han producido allanamientos como el que ya mencioné de los hermanos Vergara. Fuera de ello han sido allanadas casas de familiares de los inculpados, donde nada se ha encontrado, salvo en algunos domicilios en que los allanadores se han incautado de libros sobre socialismo o marxismo o publicaciones de la Universidad relativas a problemas sociales. Hay un caso tragicómico de un allanamiento en la ciudad de Concepción, en que se encontraron planos de distintos lugares de la zona y medidas técnicas de superficies que satisfizo de extremada manera el celo represivo de los allanadores que creyeron, al fin, encontrar “pruebas” de subversión y extremismo. Se trata, sin embargo, del material de estudio de uno de los detenidos que es estudiante de topografía de la Universidad de Concepción y que, naturalmente, ignoraba que tales elementos son de alta peligrosidad para ciertos sectores de la Armada.

Ch.H.: ¿Quiénes están efectuando estos allanamientos?

P.E.: Han sido realizados, en general, por infantes de marina.

Ch.H.:¿Por qué, según usted se tomaron medidas tan severas contra la marinería antigolpista y se han tolerado sin problemas estas actitudes sediciosas y golpistas de sectores de la oficialidad?

P.E:: A nuestro juicio, hay en este momento dentro de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y, en particular, en la Marina una correlación de fuerzas desfavorables a la izquierda. Claramente, la gran mayoría de la oficialidad de esta rama de las Fuerzas Armadas es contraria al Gobierno y a la izquierda. Pensamos que hay responsabilidad en la política que oficialmente se ha impulsado por parte del Gobierno hacia las Fuerzas Armadas, en que se las ha ubicado como instituciones asépticas desde el punto de vista de la lucha de clases, en circunstancias que con ello sólo se ha favorecido el desarrollo de sectores reaccionarios que han podido, con tranquilidad, ejecutar sus planes casi sin encontrar oposición. Se ha elevado prácticamente a la calidad de tabú en los partidos de la izquierda tradicional el trabajo con una orientación correcta hacia las Fuerzas Armadas y, especialmente, hacia lo que en ellas es pueblo uniformado. Baste un ejemplo: mientras trabajadores de ASMAR y marinos sufrían y siguen sufriendo la represión más bestial de que haya memoria por identificarse con la izquierda, el Dr. Allende con ocasión del juramento del llamado “Gabinete de Seguridad Nacional”, descalificaba a esos trabajadores usando la metáfora de que eran elementos de ultraizquierda, dándose la mano con la ultraderecha. Plantearse así las cosas respecto de trabajadores y marinos que estaban dispuestos a oponerse a un golpe en contra del Gobierno, nos parece grave y equivocado, por decir lo menos. Dentro de tal contexto vemos la explicación de lo que ocurre en este problema con las Fuerzas Armadas.

Ch.H.: ¿Por qué se ha presentado esta situación en la Marina y no en otras ramas de las Fuerzas Armadas?

OP.E.: Es difícil entrar en precisiones en un tema como que usted proponer. Creemos que la explicación hay que buscarla en lo que ha sido la historia de la Armada, en su traición. En efecto, allí es donde las contradicciones sociales, los prejuicios y las desigualdades entre los diversos sectores se dan con mayor fuerza. No olvidemos que fue precisamente esta rama de las Fuerzas Armadas la que ójug un papel preponderante en la Guerra Civil del 91 en contra del Presidente Balmaceda. En su eno se matienen ls añekas tradiciones de istemas diciplinarios vejatorios con los subboficiales y marinos, lo que ha generado como contraparte una gran sensibilidad a las injusticias de parte de los afectados. Ello ha dado origen a movimientos como lo fue, por ejemplo, la rebelión de la Escuadra en 1931. Asimismo, resulta que la metodología de la formación de cuadros militares desarraigados que preconiza el imperialismo, dispuestos a luchar por igual en su país que contra los vietnamitas con métodos sanguinarios, es precisamente en algunos cuadros navales donde desarrollan su especialidad a través de los llamados comandos. Todos estos elementos determinan, seguramente, la polarización de marinos dispuestos a impedir un golpe de Estado, como su contrapartida, de oficiales dispuestos a una represión fascista.

Ch.H.: ¿Cómo ha reaccionado la población frente a esto?¿Qué debería hacerse para defender los derechos de estas personas?

P.E.: La clase trabajadora de la zona ha reaccionado espontáneamente, entregando la solidaridad hacia los reprimidos. Usted no debe olvidar que parte importante de los flagelados y torturados son trabajadores que difieren del resto de la clase obrera sólo en que laboran en lso Astilleros Marítimos de la Armada con el menoscabo de derechos gremiales que ello irroga. De tal suerte que desde la CUT de Talcahuano hasta el Cordón de Servicios del Centro de Concepción, pasando por el Comando Comunal de Talcahuano y los cordones industriales de toda la zona, los estudiantes y pobladores, han hecho suyo el problema de los perseguidos. Parte de los esfuerzos se está canalizando a través de la Comisión de Derechos Humanos, una de cuyas tareas principales es la denuncia y desenmascaramiento de los responsables de estos indignos atentados en contra de los trabajadores y marinos.

Esta reacción social de repudio a la persecución fue claramente percibida por los autores de esta farsa maligna, que determinó que el proceso se traslade, por problemas de competencia, a la Fiscalía de Valparaíso, seguramente con la esperanza que se acalle la protesta pública en una provincia como la nuestra, que tiene muy claros sus deberes para con los flagelados. Es fundamental, entonces, que los trabajadores de Valparaíso, los pobladores y estudiantes de ese puerto, demuestren el mismo calor humano en apoyo a estos obreros y marinos tan duramente perseguidos. Asimismo es importante la campaña de denuncia de los bárbaros procedimientos que se han empleado contra ellos y la exigencia de que los responsables sean destituidos de sus cargos y sancionados como corresponde.

Ch.H.: ¿Qué experiencia cree usted que obtuvieron los marinos de este episodio?

P.E.: Hay algo que nos dijeron los trabajadores flagelados y que deja muy en evidencia la indigencia mental de quienes cometieron los vejámenes que le relaté: en una etapa de las torturas obligaban a los detenidos a bailar y cantar y en la letra de las canciones, con ritmo de cueca o cualquier otro a que esas mentes perturbadas se les ocurría ordenar, se hablaba de “Abajo el MIR”, “Muera Miguel Enríquez” y otros “versos” con agregados de groserías que, por elemental decencia, no le voy a repetir.

Cuando los trabajadores nos contaban este detalle, menor, si se quiere, ellos mismos calificaban tal actitud como infantil y estúpida de parte de sus aprehensores. A nosotros nos pareció una clara manifestación de bajo coeficiente intelectual de indudable histeria de los oficiales que dirigían tan macabra faena. Frente a esa conducta de oficiales de marina que deshonraban de manera tan vil su uniforme, tratamos de imaginarnos cómo habría sido la reacción de un Arturo Prat, abogado y marino, de quien hay constancia que puso su inteligencia de tal y su prestigio en defensa de compañeros suyos a quienes otros antecesores de los torturadores de ahora persiguieron y trataron de expulsar de la Armada por móviles pequeños, o cuál habría sido la reacción de un Almirante Grau que frente a los restos de nuestro héroe nacional, Arturo Prat, no tuvo sino honrosos gestos de hombría y caballerosidad, no obstante tratarse de marinos de países en guerra.

Pensamos, finalmente, que las autoridades del Gobierno tendrán que decir más de una palabra ante estas denuncias que presentamos, palabra que si bien ya no podrá impedir las humillaciones y el dolor sufrido por trabajadores y marinos, por lo menos tendrá la virtud de hacerles saber que el sacrificio de su dignidad humana y de su integridad física no ha sido en vano y que ese sacrificio es un escalón más donde se levante la barrera que impida la repetición de conductas tan vergonzosas y los hagan esperar en el futuro la sanción histórica que se merecen los culpables. Dejamos abierta esta interrogante aa quienes tienen el deber de solidarizar con quienes se han jugado por la estabilidad del Gobierno del doctor Allende.

Materiales recomendados:

Página web «Marinos Constitucionalistas de Chile».

Revista «Chile HOY», en Biblioteca Clodomiro Almeyda.

Video recomendado: «Marinos Contra el Golpe» (Universidad de Playa Ancha y Parque Cultural de Valparaíso):

Libro recomendado: «Los que dijeron que «No». Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973″, de Jorge Magasich A.

«Testimonios de los Militares Antigolpistas», Jorge Magasich.

La preparación del Golpe de Estado en la Armada: Así lo narró la Revista Chile HOY en agosto de 1973

———————————————————-

 

Adelanto de libro