Corte de Santiago ordena a la Armada retirar estatua de ex comandante en jefe desde frontis del Museo Marítimo.
El Tribunal de alzada acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas, exigencia de la cual la recurrida no se encuentra ajena.
17 de junio de 2022
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto y le ordenó a la Armada proceder a retirar la estatua del ex comandante en jefe de la rama castrense José Toribio Merino Castro, desde el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.
El fallo señala que en relación con la explicación de la recurrida, si bien no puede desconocerse la condición de ex Comandante en Jefe del Almirante Merino, no resulta posible, de igual modo, por ser un hecho histórico, público y notorio, que fue precisamente, en esa calidad que este participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto, del cual el mencionado almirante formó parte como miembro de la Junta Militar, responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad.
La resolución agrega que, en la represión de las personas que no compartían la corriente o doctrina del gobierno de facto, o que profesaban una ideología contraria o estimada atentatoria al ideario de los detentadores del poder de ese momento, participaron conformando diversos organismos de represión, uniformados de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, incluidos por cierto, integrantes de la Armada de Chile, institución de la cual el almirante José Toribio Merino, fue su máxima autoridad hasta el año 1990.
Añade que se hicieron parte del recurso, los descendientes de Luis Enrique Sanguinetti Fuenzalida, Jefe del Departamento de Investigaciones de Aduana y militante del Partido Socialista, calificado como víctima de las violaciones a los derechos humanos por la COMISIÓN RETTIG, sometido a torturas y cuyo deceso tuvo lugar a bordo del carguero ‘Maipo’.
Para el tribunal de alzada, del análisis relacionado del ordenamiento jurídico internacional y nacional, tanto de carácter legal como administrativo, reseñado, en lo pertinente, en el motivo anterior, es dable concluir que en nuestro país se encuentra vigente y con carácter imperativo, un sistema de promoción, protección y reparación en materia de derechos humanos, en el cual se incluye, a la sociedad civil y en particular, a funcionarios y funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; de modo que, la Armada de Chile no se encuentra ajena a la exigencia de reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Como se ha señalado en el informe de la recurrida, la estatua fue generada por una corporación de derecho privado e instalada en el año 2002 en un recinto militar donde funcionan diversas reparticiones navales, como el Comando de Operaciones Navales y el Museo Marítimo Nacional, por lo que de acuerdo con la legislación chilena se encuentra bajo la autoridad de la Armada de Chile; institución que, como se expresara, está obligada a promover, respetar y reparar a las víctimas en materia de derechos humanos”, afirma la resolución. “Por consiguiente –ahonda–, al negarse al retiro de la estatua del Almirante Merino, miembro del gobierno de facto al que se atribuye responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país, en el período comprendido entre el 11 septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas.
El fallo concluye que, cabe aunar que la omisión recurrida deviene asimismo, en arbitraria, toda vez que no se ha erigido estatua alguna a otros vicealmirantes o almirantes de la Marina de Chile en casi 90 años y aquellos dos ex comandantes a los que se rinde homenaje a través de monumentos, Lord Thomas Cochrane y Manuel Blanco Encalada, son personajes históricos que sirvieron al país durante la Guerra de la Independencia, lo que los distancia radicalmente de la figura de José Toribio Merino Castro, quien ejerció el cargo de Almirante, precisamente, en el período en que se violaron sistemáticamente los derechos humanos en Chile.
Decisión adoptada con el voto en contra del abogado (i) Lepín, por estimar que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, motivo por el cual el presente arbitrio constitucional no resulta ser la vía procesal idónea, y en consecuencia, la acción cautelar incoada debe ser desestimada.
“La sola utilización del fatídico concepto de ‘amenaza interna’, perteneciente a la llamada “Doctrina de Seguridad Nacional” durante la Guerra Fría, debería alarmar y movilizar a todo el mundo democrático…”
De acuerdo a las múltiples investigaciones y archivos publicados a lo largo del tiempo, incluyendo la desclasificación de documentos de la CIA norteamericana, un grupo de oficiales de la Armada de Chile, entre ellos José Toribio Merino, fueron los principales instigadores del Golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó sangrientamente al gobierno de la Unidad Popular, causando miles de muertos en todo el país.
La historia también señala que un mes antes de la asonada militar que terminó con La Moneda en llamas, los oficiales golpistas de la Marina detuvieron a más de 100 marineros, a quienes acusaron de participar en una «infiltración marxista» de la institución, liderada -como no- por los jefes del MIR y del Partido Socialista de la época, Miguel Enríquez y Carlos Altamirano.
En realidad, el grupo detenido solo se estaba organizando para hacer frente al Golpe de Estado que planificaba la oficialidad, encabezada por Merino, quienes, rompiendo la verticalidad del mando y pasando por encima del entonces Comandante en Jefe, el Almirante Raúl Montero, se encontraban ya embarcados en el complot final para derrocar al Gobierno.
Los marinos constitucionalistas, como se denominó al grupo por su irrestricto apego a la Constitución vigente de 1925 -que penaba como delito grave el alzamiento armado contra la autoridad-, fueron brutalmente torturados. Hacia fines de agosto, la opinión pública nacional ya estaba en pleno conocimiento de los salvajes flagelos que estaban sufriendo estos uniformados, que intentaron en vano alertar al Presidente Allende y al pueblo sobre los planes golpistas de la oficialidad.
«Marxismo en Chile, ¡no!», declararía semanas más tarde del Golpe el autodesignado Comandante en Jefe de la Armada, José Toribio Merino, instalado a sus anchas en el poder. A la misma hora, miles de chilenas y chilenos corrían la misma suerte de los marinos constitucionalistas, sufriendo brutales y sádicas torturas en los centros de detención del régimen. Los informes Rettig y Valech completan oficialmente este vocabulario del horror iniciado por la Marina en Valparaíso, Viña del Mar y Talcahuano en agosto del ’73.
Se podrá decir que esta narración tiene que ver con un capítulo superado de nuestra historia reciente. Que la justicia ha hecho lo suyo y se ha encarcelado a varios genocidas. Que los Derechos Humanos son prioridad en la nueva Constitución. Que las instituciones armadas se han comprometido a no volver a intervenir como se hizo en 1973. Pero, ¿es tan así? El encendido discurso pronunciado esta semana por Miguel Ángel Vergara, Comandante en Jefe de la Armada entre el 18 de junio de 2001 y el 18 de diciembre de 2005 (Gobierno de Lagos), pone un angustiante manto de dudas sobre esto último.
En el acto en conmemoración del 21 de mayo que tradicionalmente organiza la Liga Marítima de Chile, y ante la presencia del actual Comandante en Jefe, Juan Andrés De la Maza, y varios empresarios, Vergara expresó: «La patria no sólo puede estar amenazada por fuerzas externas, sino también, y quizás más graves, desde su interior y de manera solapada. Por eso, los marinos de corazón bien puesto, si fuese necesario, deberemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos precedieron».
«Creemos que la situación por la que atraviesa nuestro país, donde ciertas ideologías se empeñan por borrar nuestras tradiciones y reescribir la historia, hace aconsejable recordar el espíritu de sacrificio y el amor a la patria de nuestros héroes (…) Necesitamos más que nunca heroísmo para vencernos a nosotros mismos y salir a enfrentar con decisión los desafíos que nos impone el entorno. Los tiempos que vivimos, donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados, claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones», señaló el ex Comandante en Jefe.
La sola utilización del fatídico concepto de «amenaza interna», perteneciente a la llamada «Doctrina de Seguridad Nacional» durante la Guerra Fría, debería alarmar y movilizar a todo el mundo democrático. Pero más allá del simbolismo: ¿Cuál es la amenaza exacta que pesa sobre la patria, y que para Vergara, debe motivar a los «consecuentes» a estar listos para «saltar al abordaje»? Uno pensaría que se trata, quizás, del rol asignado a las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución:
«Artículo 16. Fuerzas Armadas.- Las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Dependen del ministerio a cargo de la defensa nacional y son instituciones destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones de carácter externo, según lo establecido en la Carta de Naciones Unidas. Colaboran con la paz y seguridad internacional, conforme a la Política de Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones, promover la paridad en espacios de toma de decisión y actuar con pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales garantizados en esta Constitución. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes.
Las instituciones militares y sus miembros estarán sujetos a controles en materia de probidad y transparencia. Sus integrantes no podrán pertenecer a partidos políticos, asociarse en organizaciones políticas, gremiales o sindicales, ejercer el derecho a huelga, ni postularse a cargos de elección popular.
El ingreso y la formación en las Fuerzas Armadas será gratuito y no discriminatorio, en el modo que establezca la ley. La educación militar se funda en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La ley regulará la organización de la defensa, su institucionalidad, su estructura y empleo conjunto, sus jefaturas, mando y la carrera militar».
¿Será el ingreso gratuito la amenaza interna? ¿O los controles de probidad y transparencia? ¿O el respeto irrestricto a los derechos humanos que deberán cumplir? No se sabe. Y más allá de las preguntas, hay otro elemento a considerar, que es el poco conocimiento que tiene la población respecto al quehacer cotidiano de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, está documentado que desde la década del ’60 en adelante, cientos de oficiales de todas las ramas castrenses han ido a Estados Unidos a «capacitarse». Para entender de qué se trata, bastará con decir que uno de los «becados» fue Manuel Contreras, creador y jefe de la DINA.
¿Siguen viajando a EEUU los oficiales chilenos? ¿Y si siguen viajando, cuántos van por año? ¿Cuántos fueron en los últimos diez años? ¿Qué les enseñan los oficiales norteamericanos? ¿Cómo es el proceso completo? Tampoco lo sabemos. Solo vemos lo que se asoma, amenazante, entre las rendijas del nuevo Chile que surge: encendidos discursos patriotas de un ex Comandante en Jefe, una institución que enfrenta un juicio por tener la estatua de un genocida (Merino) en el frontis del Museo Naval de Valparaíso, y un contralmirante removido de su cargo por defender a un formalizado por el homicidio de una persona en la última revuelta social.
Así, en Valparaíso, en medio del bullicio del desfile y los cañonazos por las «Glorias Navales», muchos nos seguimos preguntando: Golpismo en la Armada, ¿tema superado?
Por AO
Jefe de la Armada pide disculpas a Boric tras dichos de almirante ultra derechista Vergara (R) en que habló de “amenaza interna” en Chile
Por Cambio21- 21 mayo 2022
El ex comandante en jefe de la Armada Ángel Vergara, en la foto, sostuvo que “creemos que la situación por la que atraviesa nuestro país, donde ciertas ideologías se empeñan por borrar nuestras tradiciones y reescribir la historia, hace aconsejable recordar el espíritu de sacrificio y el amor a la patria de nuestros héroes”.
Este es un discurso que fue recogido por algunos medios: “Necesitamos más que nunca heroísmo para vencernos a nosotros mismos y salir a enfrentar con decisión los desafíos que nos impone el entorno. Los tiempos que vivimos, donde pareciera que todos nuestros valores y principios están siendo trastocados, claman por hombres y mujeres consecuentes con sus convicciones”.
“La patria no sólo puede estar amenazada por fuerzas externas, sino también, y quizás más graves, desde su interior y de manera solapada. Por eso, los marinos de corazón bien puesto, si fuese necesario, deberemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual como lo hicieron otros que nos precedieron”, explicó Vergara, un marino de ultra derecha acostumbrado a hacer declaraciones rimbombantes, al filo de la sedición, no sólo ahora sino que desde los gobiernos de Bachelet, Piñera y ahora de Boric.
Hoy en la Conmemoración de las Glorias Navales que se desarrolló con más de 2.300 efectivos de la Armada, el Ejército, la FACh y Carabineros, quienes desfilaron en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. El Presidente Gabriel Boric asistió junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández.
Según señalaron desde Presidencia, al llegar al Monumento de la Marina Nacional en Valparaíso, el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés De La Maza, le pidió disculpas personalmente a Gabriel Boric y a la ministra Maya Fernández por las declaraciones del exalmirante, asegurando que las palabras de Vergara no representan a la institución.
Ordenan al Fisco indemnización a madre y hermanos de estudiante ejecutado en 198604 de abril: El 14° Juzgado Civil de Santiago, en la sentencia causa rol 6.212-2021, condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 100 millones de pesos a la madre y hermanos de Ronald Wood Gwiazdon, estudiante de auditoría, ejecutado por una patrulla militar en las inmediaciones del Puente Loreto, en el marco de una movilización por la democracia, el 20 de mayo de 1986. Corte de Santiago condena al Fisco a pagar indemnización a dirigente sindical sometido a torturas en Talca05 de abril: La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, causa rol 752-2022, confirmó la sentencia y ordenó al Fisco pagar una indemnización de 65 millones de pesos a Rafael Castro Amaro, dirigente sindical de la Cía. de Teléfonos de Chile, quien fue detenido en diversas ocasiones y sometido a torturas en un regimiento, comisaría y cuartel de la CNI, de la ciudad de Talca, entre septiembre de 1973 y junio de 1975. “Que, a fin de resolver la excepción de prescripción, la detención ilegal del demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos”, sostiene el fallo confirmado.Corte de Santiago ratificó castigo al más alto oficial de Carabineros condenado por caso ocurrido durante la crisis social06 de abril: La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia contra el coronel de Carabineros E.W.W.S a quien el 13° Juzgado de Garantía de la capital condenó, en enero pasado, como autor de apremios ilegítimos. Se trata del más alto oficial sancionado por hechos acontecidos en la crisis social de 2019. El uniformado enfrenta así una pena de 300 días de presidio y la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019, en Peñalolén. El condenado disparó su escopeta de manera antirreglamentaria, a menos de dos metros de distancia de la víctima y sin que existiese causa que lo justificara. La víctima recibió impactos cuando estaba a bordo de un auto, la obligaron a descender, la golpearon y permaneció cerca de dos horas en un cuartel policial y, posteriormente, fue conducida a un hospital. Corte de Santiago confirma fallo que condenó al Fisco a indemnizar a víctima de detenciones ilegales y torturas06 de abril: En fallo unánime, en la causa rol 623-2022, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos, por concepto de daño moral, a María Donoso Contreras, quien fue detenida ilegalmente, en tres ocasiones, por efectivos del Ejército, y sometida a sesiones de torturas en regimiento de San Bernardo, en la medialuna de Maipú y en cuartel de la Policía de Investigaciones, entre diciembre de 1973 y enero de 1974. Ordenan al Fisco indemnizar a víctima de detención ilegal y torturas en La Serena07 de abril: El 28° Juzgado Civil de Santiago, en la sentencia causa rol 29.746-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 80 millones de pesos, por concepto de daño moral, a José Isami Ortiz, detenido ilegalmente y torturado, en dos ocasiones, en La Serena, en 1973. Corte de Santiago condena a miembros del Comando Conjunto por secuestros calificados en 197507 de abril: En fallo unánime (causa rol 3.321-2021), la Séptima Sala del tribunal de alzada condenó a ocho integrantes del Comando Conjunto, por secuestro calificado de Miguel Rodríguez Gallardo y Alonso Gahona Chávez. Ilícitos cometidos a partir del 28 de agosto y el 8 de septiembre de 1975, respectivamente, en la Región Metropolitana. Se condenó como coautor a Otto Trujillo Miranda a la pena de 10 años y un día de presidio, de los secuestros calificados de Rodríguez Gallardo y Gahona Chávez; más 541 días de presidio por asociación ilícita. En tanto, Manuel Muñoz Gamboa y Juan Saavedra Loyola deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del secuestro calificado de Rodríguez Gallardo. En el caso de Fernando Zúñiga Canales, Sergio Contreras Mejías, Emilio Mahias del Río y Gonzalo Hernández de la Fuente, deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del secuestro de Rodríguez Gallardo; y Juan López López, 5 años y un día de presidio, como autor del secuestro de Gahona Chávez. En tanto, por asociación ilícita, Manuel Muñoz Gamboa y Fernando Zúñiga Canales fueron condenados a 5 años y un día de presidio. Condenan al Fisco a pagar indemnización a víctima torturas11 de abril: El Primer Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 29.242-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 10 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Jorge Peralta Guerra, dirigente sindical, sometido a torturas en julio de 1988. Corte de Santiago condena a agentes del Comando Conjunto por secuestros y homicidios en 1975 y 197611 de abril: En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia, en la causa rol 1.237-2020, que condenó a 29 agentes del denominado Comando Conjunto por secuestro simple y homicidio calificado de Ignacio González Espinoza y Juan Orellana Catalán; y en los secuestros calificados de Ricardo Weibel Navarrete, Luis Moraga Cruz y Luis Maturana García. Ilícitos perpetrados entre noviembre de 1975 y junio de 1976, en la Región Metropolitana. Se condenó a Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa a las penas de 18 años de presidio, en calidad de coautores de los homicidios calificado de González Espinoza y Orellana Catalán; 13 años de presidio como coautores de secuestro calificado de Moraga Cruz, Weibel Navarrete y Maturana González; más 3 años de reclusión como coautores de secuestro simple de González Espinoza y Orellana Catalán. En tanto, el ex agente Daniel Guimpert Corvalán fue condenado a 18 años de presidio, como coautor del homicidio calificado de González Espinoza y Orellana Catalán; 12 años de presidio como coautor de los delitos de secuestro calificado de Moraga Cruz y Maturana González; y 3 años de presidio como coautor de secuestro simple de González Espinoza y Orellana Catalán. En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 1.810 millones de pesos, por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas.Cuarto Juzgado Civil de Santiago ordena al Fisco a indemnizar a víctima de detención ilegal y torturas12 de abril: El Cuarto Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 35.966-2019, condenó al Fisco a pagar indemnización de 70 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Eliseo Aballay González, quien fue detenido ilegalmente, el 3 de marzo de 1977, y permaneció privado de libertad y fue torturado, en diversos recintos, hasta que, finalmente, fue expulsado del país con prohibición de ingreso hasta 1988. Someten a proceso a militar por secuestro calificado de abogado boliviano en 197312 de abril: En la causa rol 292-2012, la ministra en visita Paola Plaza González sometió a proceso al ex militar José Contreras Pacheco por secuestro calificado del abogado boliviano Jorge Soto Quiroga. Ilícito cometido el 26 de septiembre de 1973, en la ciudad. De acuerdo a los antecedentes, Jorge Soto Quiroga, de nacionalidad boliviana, casado, abogado, estudiante de Posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, militante del MIR de Bolivia, fue detenido el día 26 de septiembre de 1973, a la edad de 28 años, desde su domicilio, por efectivos del Comando de Ingenieros del Ejército, sin que hubiera orden de algún tribunal civil o militar que dispusiera su citación o aprehensión ni que conste siquiera la existencia de un proceso instruido en su contra. Corte de Valdivia confirma fallo que ordenó al Fisco a indemnizar a víctima de detenciones ilegales y torturas en Osorno13 de abril: En fallo unánime, causa rol 188-2016, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 60 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Carlos Hurtado Gallardo quien fue detenido ilegalmente y sometido a sesiones de torturas, en diversas ocasiones, entre septiembre y diciembre de 1973, en la ciudad de Osorno. Ordenan al Fisco indemnizar a detenido y torturado en el regimiento de Quillota19 de abril: El 1° Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 32.851-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 25 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Gustavo Marabolí Labra, quien fue detenido ilegalmente y sometido a torturas en el regimiento de Quillota, en diciembre de 1973. Nuevos representantes de la Sociedad Civil en el Consejo del INDH19 de abril: Constanza Valdés y Francisco Ugas, de las organizaciones Asociación Organizando Trans Diversidades y Asociación por la memoria y los DDHH Colonia Dignidad, respectivamente, integrarán el Consejo del Instituto Nacional de DDHH luego de la elección desarrollada por las organizaciones de la sociedad civil. Reemplazarán en el Consejo del INDH a Branislav Marelic y a Margarita Romero desde el mes de julio de este año. Corte Suprema rechaza recursos de casación y confirma condenas de ex agentes del Comando Conjunto por secuestros calificados y asociación ilícita19 de abril: La Corte Suprema, en fallo dividido, en la causa rol 36.977-2019, rechazó los recursos de casación y condenó a siete miembros del Comando Conjunto por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de Aníbal Riquelme Pino, Francisco González Ortiz y Alfonso Araya Castillo. Ilícitos perpetrados a partir de 1975 y 1976, respectivamente. De esta forma, queda firme la sentencia que condenó a Juan Saavedra Loyola, Daniel Guimpert Corbalán, Raúl González Fernández, Juan Aravena Urtuvia, Manuel Muñoz Gamboa y Ernesto Lobos Gálvez a 20 años de presidio, en calidad de autores de secuestro calificado y asociación ilícita. En tanto, Viviana Ugarte Sandoval deberá cumplir 10 años de presidio, como cómplice. Corte de Santiago ordena indemnizar a víctima de torturas en Escuela de Suboficiales de Carabineros y Estadio Nacional20 de abril: En fallo unánime, causa rol 1.638-2022, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Víctor Borgoño Soffia, quien fue detenido ilegalmente, en septiembre de 1973 y noviembre de 1974, y torturado en la Escuela de Suboficiales de Carabineros y el Estadio Nacional.Corte de Santiago confirma pago de indemnización a víctima de detención ilegal y torturas en Ovalle en 197321 de abril: La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia, causa rol 12.660-2020, que condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Roberto Araya Acosta, detenido ilegalmente, el 16 de septiembre de 1973, y trasladado a la Comisaría de Carabineros de Ovalle recinto donde fue sometido a interrogatorios, torturas, amenazas de muerte y simulacros de fusilamiento. Carabinero fue formalizado por golpiza ocurrida durante la crisis social21 de abril: Ante el Juzgado de Garantía de Concepción fue formalizado el suboficial de Carabineros M.L.V.G. por apremios ilegítimos, delito que ocurrió durante la crisis social. El imputado accionó su escopeta antidisturbios causándole un trauma ocular a una persona. Se fijó como plazo 120 días de investigación. De acuerdo a los antecedentes, el 11 de noviembre de 2019, en Concepción, la víctima estaba en pleno centro de la ciudad cuando Carabineros llegó al sitio debido a una manifestación. La víctima corrió y al parar volvió la cara a ver qué sucedía, sintió un impacto en el ojo izquierdo. Horas después, en el Hospital Clínico del Sur, le extrajeron un balín y le diagnosticaron trauma ocular. Corte Suprema condena al Fisco a indemnizar a hermanos de adolescente secuestrado en 1973 por carabineros de Melipilla21 de abril: La Corte Suprema, en la causa rol 13.368-2019, acogió recurso de casación y, en sentencia de reemplazo, condenó al fisco a pagar una indemnización total de 150 millones de pesos, por concepto de daño moral, a los hermanos de Óscar Miranda Segovia, joven de 17 años de edad, que fue secuestrado, por personal de Carabineros de Melipilla, el 17 de octubre de 1973. Condenan al Fisco a pagar indemnización a dirigente sindical detenido y torturado en Tejas Verdes22 de abril: El 12° Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 29.428-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 100 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Pedro Martínez Guerra, dirigente sindical detenido en su domicilio, ubicado en Melipilla, en septiembre de 1973 y enero de 1974, y trasladado en ambas ocasiones, entre otros recintos, al centro de detención de Tejas Verdes, en San Antonio, donde fue sometido a sesiones de torturas.Juzgado de Rengo condenó a ex cabo de carabineros por reiteradas golpizas a detenidos23 de abril: El Juzgado de Garantía de Rengo condenó a cinco años de libertad vigilada intensiva al ahora ex cabo de Carabineros J.A.T.Q. por cuatro delitos de apremios ilegítimos y un delito de vejaciones injustas. Todos estos hechos ocurrieron mientras el uniformado se desempeñaba en la Tenencia de Quinta de Tilcoco en la Región de O’Higgins. De igual modo, a una solicitud del INDH, se decretó la pena accesoria de prohibición de acercarse a las víctimas por el periodo de la condena y se ordenó incluir en el plan de cumplimiento de la libertad vigilada intensiva la sujeción a un programa de tratamiento psicológico, de modo de prevenir las conductas violentas. El día de su formalización, el funcionario de Carabineros ya había sido dado de baja por la institución.Corte de Santiago ordena al Fisco indemnizar a víctima de detenciones ilegales y torturas en Talca25 de abril: En fallo unánime, en la causa rol 969-2022, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos, por concepto de daño moral, a Nelson Carreño Encina, dirigente sindical, quien fue detenido en tres ocasiones y sometido a torturas, en julio de 1975, junio de 1976 y julio de 1977, por efectivos de la DINA y la CNI, en la ciudad de Talca. Corte de San Miguel condena a miembros del Ejército y Carabineros por secuestro calificado y sustracción agravada de estudiantes25 de abril: La Corte de Apelaciones de San Miguel, en fallo dividido, causa rol 3.723-2020, ratificó la sentencia impugnada que condenó a las penas únicas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de sustracción de menor agravada y secuestro calificado, ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en las comunas de San Bernardo y Pirque, respectivamente, al entonces capitán de Ejército Jorge Romero Campos, al teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena y al oficial de Carabineros Sergio Ávila Quiroga. En el aspecto civil, se confirmó el fallo con declaración de que se redujo la indemnización de perjuicios deducida y ordenó al Fisco pagar la cifra total de 250 millones de pesos, por concepto de daño moral, a familiares de las víctimas. Juzgado civil condena al Fisco a pagar indemnización a víctima de torturas en buque escuela Esmeralda26 de abril: ElDecimotercer Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 27.613-2019, condenó al Fisco a pagar la suma de 20 millones de pesos, por concepto de daño moral, a la profesora María Ríos Onell quien fue detenida, el 12 de septiembre de 1973, y conducida al buque escuela Esmeralda de la Armada, embarcación donde fue sometida a tortura, hasta el 18 de septiembre fecha en que fue liberada. Condenan al fisco a indemnizar a víctima de detención ilegal y torturas en La Serena27 de abril: El 30° Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 31.975-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 80 millones de pesos, por concepto de daño moral, a víctima que perdió hijo en gestación tras ser detenida en octubre de 1973 y sometida a torturas en regimiento de La Serena. En la sentencia, se acogió parcialmente la demanda deducida y se rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción opuestas por el Estado. “Que para zanjar tal problemática, es preciso considerar que si bien no existe norma –ni nacional ni internacional– que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad)”, plantea el fallo. Conversatorio: “Violencia de Género en Dictadura: Análisis desde los testimonios de Mujeres del Archivo FASIC”28 de abril: En un conversatorio virtual, FASIC presentó la investigación de la socióloga Milena Alemany: “Violencia de Género en Dictadura: Análisis desde los testimonios de Mujeres del Archivo FASIC”. En la presentación, estuvieron presentes también la Senadora y Ex Ministra de la Mujer y Equidad de Género Claudia Pascual Grau; Lidia Casas, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Nancy Nicholls, Historiadora, docente del Instituto de Historia de la UC; y el Secretario Ejecutivo de FASIC, Claudio González. Vea esta presentación en:www.youtube.com/watch?v=0AiWwxadPqsOrdenan al Fisco indemnizar a víctima de detenciones ilegales y torturas en Valparaíso29 de abril: El 16° Juzgado Civil de Santiago, en la causa rol 30.060-2019, condenó al Fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos, por concepto de daño moral, a René Espinoza quien fue detenido ilegalmente, en dos ocasiones, en septiembre de 1973, y sometido a torturas en recintos y buques de la Armada en Valparaíso.—El presente Resumen Mensual Derechos Humanos en Chile es elaborado por FASIC. Se agradece compartir con otros y otras y/o publicar siempre citando la fuente. 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“Es una historia de marinos y marineros con mente despierta y piel curtida por el sol, por el agua salada y por culatazos de fusil”.
Esta historia de náufragos tiene años antiguos, y sigue siendo contemporánea, en la medida que sus protagonistas han ido atizando el fuego que la mantiene viva; por tanto, no importa su edad precisa, es una epopeya sin fecha de vencimiento. Los años se niegan a pasar de largo sin contemplarla con cierta admiración, y le dejan de regalo recuerdos olvidados que alimentan su memoria. Por esa misma razón su frescura no se apaga ni su crueldad se olvida. Es una historia cruel, pero al mismo tiempo con una tremenda carga de valor, aportado por los castigados, y de risas que no aceptaron ser desplazadas arbitrariamente. La bestialidad no pudo impedir que los gritos tuvieran un grado de rebeldía ni que las risas acompañaran al dolor, porque las risas eran clandestinas, estaban almacenadas en la memoria dura de cada marino, y se negaron a dejar desamparado al dolor.
No se reprime la mano que desea escribirla, con palabras también antiguas, sobrevivientes; la misma mano que, junto a otras, dibuja con signos literarios los episodios pegados a la piel y detrás de los ojos. Esta historia de marinos y marineros con mente despierta, y piel curtida por el sol, por el agua salada y por culatazos de fusil. Esta historia que está destinada a ser escrita y contada por muchos, porque una sola persona no puede contarla toda… El autor.
Carlos Tortín García, nació el año 1953 en Lontué, un pueblo del centro de Chile, conocido por su producción agrícola, especialmente viñedos y maizales desde siempre. Reside en Bélgica desde 1992, cumpliendo una condena de cuarenta años de extrañamiento.
Ingresó a la Marina en 1969, antes de cumplir 16 años de edad, portando su nombre Carlos García, que sus compañeros rebautizaron intercalando el nombre Tortín. Se graduó de Mecánico Electrónico en 1972, en la Escuela de Operaciones de Viña del Mar. Asignado al Crucero “Prat” a comienzos de 1973, en ese buque de guerra se incorporó al movimiento de marinos antigolpistas, asumiendo la defensa del gobierno de Salvador Allende frente a la conspiración golpista. Detenido en agosto de ese año, junto a un centenar de marinos en los puertos de Valparaíso y Talcahuano, fue procesado por tribunales navales y condenado a tres años de prisión, los que cumplió en la Cárcel Pública de Concepción, más conocida como Chacabuco 70.
Su etapa de trabajador jubilado la comenzó estudiando Escritura, en la Academia Municipal de Sint-Niklaas, en Flandes Oriental. Se graduó el año académico 2020.
Este es su primer libro publicado. Trabaja actualmente en la recopilación de sus Crónicas de Flandes, que ha escrito desde el año 2015. Paralelamente, está escribiendo dos novelas históricas, en idioma castellano, y un Libro Falso, en idioma holandés.
Se ha publicado la edición este 1 de abril 2022. Amazon.
Columna de opinión por Jorge Magasich Miércoles 2 de marzo 2022
diario Uchile
Tres décadas después del inicio de la transición a la democracia en 1990, la pregunta ¿cómo transformar a las Fuerzas Armadas que, en 1973, instauraron una dictadura que tildaba de “enemigo” a buena parte de la ciudadanía, en instituciones democráticas? sigue pendiente. Se trata de una reforma mayor que concierte la estabilidad del país y su destino democrático.
La historia de la República contiene, en efecto, demasiados ejemplos en que las Fuerzas Armadas han hecho mal uso de las armas que les confió la sociedad. En dos siglos han consumado más de 20 matanzas y el “gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden” perpetró los crímenes masivos más graves que se registran.
Estos antecedentes indican que el inmenso poder de que disponen quienes detentan el monopolio de las armas requiere un control democrático. Por eso es conveniente que la configuración de las instituciones militares, su rol, y su relación con las autoridades de la República sea abordada en la Constitución, de manea que quede explícitamente descartada toda deriva antidemocrática, golpista y criminal.
Las políticas de defensa nos conciernen a todos
Los antecedentes represivos de las Fuerzas Armadas provienen, en buena parte, de doctrinas como la “seguridad nacional” y el “enemigo interno”, muchas veces propagadas por instructores vinculados a los Estados Unidos que buscaron –y consiguieron– utilizar a militares de varias naciones contra la población que calificaban de “enemiga”. En Chile hubo también “docentes” de las escuelas militares que enseñaron el franquismo y otras doctrinas extremistas que fueron sostén ideológico del golpe de Estado.
Su propagación entre los militares fue facilitada por la organización de las Fuerzas Armadas cerrada sobre si misma. Muchos uniformados “están convencidos de habitar un mundo que no es el nuestro; que tiene sus propias leyes y se rige por sus propios códigos” indica la investigadora Catalina Gaete en su notable libro “Vuestros nombres valientes soldados: la brecha en derechos y privilegios que separa a civiles de militares”.
Buena parte de los militares, en efecto, viven apartados de la sociedad, con una cultura, reglas, espacios, tribunales, escuelas, iglesias y previsión, diferentes. Ese aislamiento contribuyó a hacerlos más permeables a doctrinas extremistas. El contralmirante Huerta, por ejemplo, pretende en sus memorias, que “Nuestra obligación es ganar la contienda [contra la Unión Soviética] dentro de las fronteras de Chile, tanto en el terreno ideológico como contra el terrorismo que es una de las expresiones patentes del conflicto. Nuestro deber es desenmascarar a los traidores y desengañar a ilusos que se dejan llevar por la fraseología seudointelectual de los eruditos que operan en salones, cafés, asambleas o templos”. El futuro democrático del país requiere de Fuerzas Armadas donde no puedan reproducirse tales aberraciones.
Su democratización tiene un punto de partida evidente: la historia indica que fue un error dejar las políticas de defensa sólo en manos de algunos oficiales, muchos de ellos imbuidos por ideologías extremistas.
En realidad, las políticas de defensa nos conciernen a todas y todos. Estas incluyen el tipo de Fuerzas Armadas que el país necesita, las hipótesis de conflicto, las misiones que les serán encomendadas y la formación de los militares. Por eso resulta necesario constituir una instancia, que podría denominarse Consejo de Defensa, compuestas por militares y civiles designados por el Parlamento, encargada de orientar y supervisar las Fuerzas Armadas.
Este Consejo estará encargado de reflexionar y proponer políticas de defensa; controlar las actividades de las Fuerzas Armadas y de Orden, especialmente los servicios de inteligencia; establecer los objetivos de la enseñanza impartida en las escuelas militares, sus programas de estudio, los contenidos de las asignaturas y la selección de los docentes en función de su competencia y velando por que exista pluralismo entre ellos. Para contribuir a la no repetición de las atrocidades, incluirá la enseñanza de los Derechos Humanos en los programas de estudios.
Sería también conveniente restaurar un mecanismo participación parlamentaria en los ascensos a partir del grado de coronel, previsto en la Constitución de 1925. Entre las atribuciones del Presidente estaba la de “conferir, con acuerdo del Senado, los empleos o grados de coroneles, capitanes de navío y demás oficiales superiores del Ejército y Armada”. Este mecanismo permite saber a quién se encomiendan los mandos superiores y filtrar elementos no confiables.
Preminencia de la Ley sobre la orden
Otro fundamento del pasado represivo de las Fuerzas Armadas es la noción de la obediencia ciega a la orden del superior. Con el argumento de la eficacia, la formación de los soldados y carabineros insiste en la obediencia irreflexiva a toda orden –aunque sean las peores–, que han de ejecutarse con “prontitud y puntualidad”. Abundan los ejemplos en que la obediencia ciega ha sido un eslabón fundamental para que se concreten crímenes aberrantes, como torturar o matar.
Esto ha sido posible porque en los medios militares subyace la cultura que ellos constituyen un “mundo diferente”, donde la obediencia es sagrada y las leyes republicanas son relativas. No es casualidad que la primera justificación dada por los uniformados responsables de exacciones ha sido “yo sólo obedecía órdenes”, subentendiendo que el subordinado está exento de responsabilidades.
Para impedir la concreción de delitos, los subordinados deben disponer de mecanismos expeditos que les permitan sustraerse al abuso de poder que configuran las órdenes ilegales y/o criminales.
El primero de ellos es la consagración constitucional de preminencia de la Ley sobre la orden: ninguna orden puede transgredir la Ley o los Derechos Humanos. Y el segundo es establecer mecanismos eficaces que impidan dar –y obedecer– órdenes degradantes, absurdas, inhumanas o criminales.
Las FFAA: una institución pública y laica
Como toda institución pública, las Fuerzas Armadas deben regirse por la norma republicana que separa a las iglesias del Estado. Como cualquier ciudadano, los militares pueden profesar religiones, o no profesar ninguna, pero en la esfera privada. No es admisible, por tanto, que el Estado financie templos y cleros militares, con el agravante que muchos integrantes de aquel clero han propagado doctrinas extremistas. Tampoco es aceptable que instituciones públicas sean consagradas a divinidad alguna, ni se doten de trilogías conservadoras como “Dios, patria y familia”, ni se identifiquen tampoco con la discutible “cultura occidental cristiana”, como lo hace la Armada.
Por ser una institución de todos, las Fuerzas Armadas han de ser laicas, es decir ajenas a toda práctica religiosa en su seno.
Los militares son también ciudadanos
La necesaria disciplina en tiempos de guerra no puede ser motivo para desposeer a los militares de sus derechos democráticos elementales, en tiempos de paz. Es estos últimos deben disponer de los mismos derechos que los otros ciudadanos, como reunirse, asociarse y sindicalizarse, limitados sólo por las incompatibilidades que precise la Ley.
Los reglamentos internos de las instituciones armadas deben ser públicos y en concordancia con las leyes vigentes.
Una escuela militar, un escalafón, para todos
La persistencia de escuelas diferenciadas, unas para oficiales (Militar, Naval, de Aviación y de Carabineros), y otras para la tropa (suboficiales, grumetes), perpetúa un sistema de castas que reproduce en las Fuerzas Armadas una añeja jerarquía social, en desmedro de la eficacia. Esa división arcaica y onerosa requiere una profunda adecuación con los tiempos actuales.
La transformación paulatina de las actuales escuelas matrices en una sola escuela militar, con varias sedes a lo largo del país, es un paso esencial para democratizar, reducir costos y aumentar la eficacia. Estará encargada de impartir la formación militar de base y especializada; las especializaciones necesarias por armamento; y la formación de los oficiales. El ingreso a las carreras de reservistas, suboficiales y oficiales, se hará en función de criterios objetivos, como diplomas, concursos y calificaciones obtenidas.
Reconocer el gesto de los militares que respetaron la Constitución en 1973, degradar a los golpistas y torturadores
El reencuentro de las Fuerzas Armadas con la democracia requiere que el gesto de los militares que respetaron la Constitución en 1973 negándose a participar en el golpe de Estado, arriesgando bastante más que su carrera, sea reconocido como la postura legal y legítima. Ellos hicieron lo correcto. Por eso es necesario anular las injustas sentencias que aún están vigentes (los marinos constitucionalistas, por ejemplo, siguen condenados por “sedición y motín”) y destacar su conducta como ejemplar para que inspire a las nuevas generaciones de militares.
Por otra parte, los jefes militares que urdieron el asalto armado contra las instituciones republicanas en 1973, además de violar gravemente la constitución, se insubordinaron contra el Presidente de la República, su superior, y en varios casos se insubordinaron también contra sus jefes respetuosos de la legalidad. Todo esto en concomitancia con agentes de una potencia extranjera. Lo que configura delito de alta traición.
Por estas razones, sería útil que la nueva constitución destaque en un artículo transitorio el gesto de los militares que respetaron la Constitución en 1973, y también decida sancionar con degradación a los organizadores del golpe de Estado, aunque sea póstuma. Sus nombres e imágenes no pueden figurar en ningún lugar de honor en las instituciones militares. Lo mismo con los que han sido juzgados culpables de crímenes de lesa humanidad.
Reformular el juramento
El actual juramento militar introducido en 1952 bajo la administración de González Videla, remplazó otro que resaltaba la fidelidad a la Constitución, a las leyes y a las autoridades. En sintonía con las doctrinas de la guerra fría, este juramento de 1952 impone jurar obligatoriamente “por Dios” (el “prometo” laico desaparece) y disminuye la noción de sumisión a la Ley para exaltar la de “obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores”. Un artículo transitorio podría indicar que es necesario que los soldados juren o prometan, primero proteger a todos las chilenas y chilenos, y luego someterse a la Ley y a las autoridades electas.
Los archivos son de todos
Todo acto militar queda consignado en documentos, que los altos mandos no tienen derecho a destruir. Es razonable que los documentos sensibles permanezcan clasificados un lapso de tiempo, por ejemplo 35 años. Después de este período deberán ser transferidos al Archivo Nacional, donde, como los archivos de otras administraciones, podrán ser consultados. Un artículo transitorio podría dar rango constitucional a esta obligación.
En suma:
Las Fuerzas Armadas son jerarquizadas, disciplinadas y laicas; su jefe supremo es el Presidente de la República.
Tienen por misión proteger a las ciudadanas y ciudadanos, conforme a los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, garantizar la soberanía de la nación, proteger también el medio ambiente y participar en el desarrollo nacional.
Los militares son ciudadanos en armas; comparten la vida de los otros ciudadanos, incluyendo los sistemas de salud, jubilación y escuelas. Y disponen de derechos ciudadanos, salvo las incompatibilidades que prevea la Ley.
El Consejo de Defensa, compuesto por militares y civiles designados por el Parlamento, estará encargado de formular las políticas de Defensa, incluyendo la participación de militares en tareas de desarrollo del país, las hipótesis de conflicto, el contenido de la formación en la Escuela Militar, la selección de sus docentes, velando porque estén presentes las tendencias ideológicas representadas en el Parlamento, y deberá controlar regularmente las actividades de las Fuerzas Armadas. El Consejo de Defensa informará regularmente al Parlamento.
Los ascensos a partir del grado de coronel, requieren la mayoría del Congreso.
Los reglamentos de las instituciones armadas deben respetar la Ley y ser de conocimiento público.
Por último, toda orden militar ha de ceñirse a la Ley y respetar los Derechos Humanos. Los subordinados no están obligados a ejecutar órdenes ilegales. Si las hubiera, tendrán derecho a apelar rápidamente ante instancias prevista por la Ley, sin correr el riesgo de sufrir represalias.
Jorge Magasich
Las informaciones utilizadas en este artículo vienen de:
Gaete Catalina, 2014, “Vuestros nombres valientes soldados: la brecha en derechos y privilegios que separa a civiles de militares”, Ed U de Chile. Magasich Jorge, 2008, “Los que dijeron ‘No’. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, LOM
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.
El cuartel Silva Palma en Valparaíso, fue uno de los principales centros de tortura instalados y mantenidos por la Armada de Chile, por donde pasaron cientos de prisioneros políticos de la Dictadura cívico militar, cuya historia evoca ahora un libro – »Una Memoria Incómoda, Cuartel Silva Palma. De Centro de Tortura a Sitio de Memoria » – el que fue presentado el 6 de enero, en el Hall Central de la Municipalidad de la ciudad puerto.
La obra es la culminación de un proyecto titulado »Rescate de memoria histórica en torno al Cuartel Silva Palma de Valparaíso » desarrollado durante el año 2021 por la organización de derechos humanos Cine Fórum y financiado por el SEREMI de las Culturas, Artes y el Patrimonio de la región de Valparaíso.
El libro y tiene como objetivos ayudar a preservar la memoria histórica de la ciudad y su puerto y conseguir que el recinto sea transformado en un sitio de memoria para contribuir a la educación y la promoción de los Derechos Humanos, según explicaron durante la presentación de la obra los responsables del Cine Forum.
La reconversión del Cuartel Silva Palma debe considerarse como un logro esencial para la preservación del recuerdo y la lucha contra el olvido y el negacionismo respecto a lo que sucedió en la región de Valparaíso durante el oscuro período de régimen militar.
En agosto de 2017, el Consejo de Monumentos nacionales en su sede de Valparaíso, había aprobado por unanimidad declarar el recinto como Monumento Histórico, como testimonio de violaciones de los Derechos Humanos.
El libro comienza con una reflexión sobre el derecho a la memoria frente a los crímenes cometidos por la Armada de Chile que tuvieron lugar en el recinto.
Luego, hace un relato histórico desde que fue construido, en el siglo XIX, pasando por su utilización como prisión y luego como centro de torturas, hasta que fuese declarado monumento histórico.
Contiene también testimonios de los marineros patriotas que, en 1973 denunciaron el golpe de Estado que estaba preparando la oficialidad de la Armada de Chile y, que fueron detenidos y torturados en el local, detallando al mismo tiempo la estructura de los organismos de represión y sus principales actores.
Finalmente, hace un recuento de las expresiones artísticas desarrolladas en torno a la memoria de los hechos ocurridos en el cuartel Silva Palma.
Al cumplirse 40 años de la muerte de nuestro camarada y amigo Ernesto Zúñiga es que en nombre de los marineros anti golpistas comparto este pequeño recordatorio que con la ayuda de amigos he logrado componer.
En las situaciones que vivimos durante los años de marina como en los cinco años de prisión Ernesto fue un optimista por naturaleza, además aprovecho el tiempo para educarse en la historia y las luchas de nuestro pueblo. Después de obtener la libertad prefirió quedarse en chile para luchar contra la dictadura hasta el sábado 16 de enero de 1982, en que 24 balas de la dictadura terminaron con su vida. Un gran abrazo a su memoria, además de los parabienes a todos los ex marinos que compartimos la misma historia. Desde Oakland California Jaime Salazar.
Camarada inolvidable
El 17 de enero de 2015, en el cementerio general de Santiago de Chile, con gran solemnidad y emoción, se realizó el traslado de los restos de Ernesto Enrique Zúñiga Vergara al memorial de los caídos durante la dictadura militar. Transcurridos 33 años desde su muerte, en una emotiva ceremonia, recibió el homenaje de más de un centenar de personas, entre ellas camaradas del MIR, amigos, ex prisioneros políticos, ex marinos anti golpistas de la Armada de Chile, familiares y su compañera, además de una escuadra de camaradas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Todos los allí presentes saludamos la vida de un jovial marinero, activo luchador contra la dictadura cívico militar, quien dio su vida en la lucha por la democracia y la revolución social. Muchos de los asistentes viajamos desde distintos países para estar en esa instancia, junto a su madre la señora Marta y su familia, para recordar y homenajear a nuestro camarada inolvidable. Fue el homenaje que se merecía quien lo dio todo en la lucha contra la opresión, que además enfrentó cada etapa de su vida con un optimismo extraordinario, inclusive en los momentos más duros y dolorosos que le tocó vivir.
Nuestro camarada, contingente, amigo Ernesto, conocido como “Tito”, “Mexicano”, o “Manuel”, nació en Santiago de Chile el 14 de abril de 1952. Hijo de don Luis Zúñiga -autodidacta, afiliado a la fraternidad Rosa Cruz, obrero metalúrgico, administrador de fundo y empleado del ministerio de Obras Públicas-, y de doña Marta Vergara Marín.
Ernesto, en su niñez, “siempre fue muy pícaro, social, juguetón, amistoso, y cariñoso”,según lo recuerda su hermana Ana María. Durante 4 años la familia vivió en la localidad de Marchihue, de la cual Ernesto tenía lindos recuerdos, y en donde don Luis trabajó como administrador. En 1962 la familia se instaló en la población Dávila, barriada de trabajadores en la comuna de San Miguel, en Santiago. Allí asistió a la escuela pública del sector y se unió a los boys scouts. Ana María lo recuerda como un hijo y hermano cariñoso, muy afectivo e inquieto, siempre preocupado por su mamá y sus dos hermanos menores.
En enero de 1969 ingresó a la Escuela de Grumetes de la Armada de Chile, ubicada en la Isla Quiriquina, bahía de Concepción. En esa escuela matriz se forman los futuros marineros de la Armada, todos ellos provenientes de las capas populares del país. Allí, siendo recluta de la segunda división, un sargento le puso el apodo “Mexicano”, lo que recuerda nítidamente Guillermo Castillo, quien compartió ese periodo y también la prisión: “Estando en formación, quizás a mediados de febrero de 1969, un sargento torpedista de apellido Iturra gritó ¡Ponte bien el gorro weón! Ernesto no era de cabeza grande como Oscar Carvajal o yo, que el gorro nos quedaba chico. El sargento se acercó y se lo acomodó, al mismo tiempo que gritó de nuevo ¡Parecís mexicano weón! …Comprenderán que recién estábamos llegados y Ernesto quedó así, como el MEXICANO… Años después, cuando nos reencontramos en prisión … seguía siendo apodado el Mexicano.”
En enero del año 1970, después de terminar su instrucción básica y ya como marinero segundo, fue destinado a una de las divisiones de Artillería del crucero Prat. En dicha unidad, buque insignia de la Escuadra, recorrió las costas chilenas y, según platicábamos, le permitió tener una mejor visión y sentido de la gente de su pueblo, observando a sus compañeros, al mismo tiempo que se educaba y compenetraba más de la vida naval, la que Ernesto disfrutaba a plenitud.
Lo primeros días de enero de 1971, fue trasladado a la Escuela de Artillería de la Armada, ubicada en Las Salinas, Viña del Mar, donde se especializó de Mecánico Artillero. Fue allí donde nació la amistad que nos unió hasta el final. Allí Ernesto aprovechó su tiempo libre para tomar clases de karate, demostrando siempre un alto espíritu de cuerpo, felicidad y optimismo. Durante los dos años en la escuela de especialidades de la Armada, Ernesto fue un preocupado de sus estudios y de su familia, siempre mostrando un gran sentido del humor, que lo demostraba donde estuviera.
Desde Viña del Mar, Ernesto y otros santiaguinos viajábamos juntos para visitar a nuestras familias en Santiago. Ana María, su hermana, recuerda con mucha claridad esos momentos: “cuando él estaba, la casa estaba completa”
Recuerdo que Ernesto arrendaba un cuarto en el departamento de la señora “Juanita” en la avenida Francia 627 de Valparaíso, lugar que compartía con otros marineros de su promoción, además de Nelson Bravo y José Ojeda. Ese cuarto lo ocupaban principalmente para cambiarse de ropa, ya que era costumbre nuestra andar vestidos de civil en la calle, aunque estaba prohibido por los reglamentos. Pero había asuntos más importantes que los reglamentos.
Durante los dos años de estudio, enfrentamos diferentes situaciones extracurriculares en la Armada, como participar en brigadas forestales apagando incendios de bosques en el área de Valparaíso, por lo cual recibimos una recomendación de mérito. También apoyando a nuestro pueblo para paliar los daños del terremoto del 8 julio de 1971, que afectó duramente el área de Valparaíso y Viña del Mar, ocasión que nos tocó construir mediaguas de día y hacer patrullajes nocturnos en las zonas pobladas de los cerros y en la ciudad. Y luego apoyar al Estado de Chile durante el Paro de Octubre de 1972, el paro de los patrones para sabotear al gobierno popular. Todo eso afectó nuestros estudios.
Sin embargo sacamos adelante los dos años de estudio junto a Ernesto, quien nos hacia reír a todos con sus chistes y ocurrencias; era un comediante nato.
Quiero hacer notar que junto a Ernesto disfrutábamos el hecho de ser marinos y de tener a nuestro alcance la tecnología naval, pero a su vez repudiábamos el clasismo y la arrogancia de los oficiales, en su mayoría provenientes de las clases acomodadas de nuestro país.
El año 1973 integró la tripulación del destructor Blanco Encalada, ya como mecánico especialista, a cargo de la mantención de las torres de 5 pulgadas, o batería principal del buque. A bordo de su unidad asumió un papel preponderante ante la asonada golpista de los oficiales, como integrante del movimiento de marineros anti golpistas. Informándose y reclutando adherentes a la causa anti golpista-constitucionalista, ampliando la base de apoyo. Fueron justamente Ernesto Zúñiga y Orlando Véliz los camaradas que me reclutaron para integrar el movimiento, al cual ingresé con total convencimiento.
Ernesto participaba activamente junto al sargento Juan Cárdenas, informando de los planes golpistas a dirigentes políticos de izquierda, como Oscar Garretón, jefe del “Mapu”, y a mandos medios de los partidos comunista y socialista. El 3 de agosto del 73 integramos el grupo de marineros que se reúne para entregar información a la dirección del MIR, quienes a su vez invitan a Carlos Altamirano, senador del partido socialista, a escuchar nuestras denuncias. Fue gratificante para nosotros informar a una autoridad del Congreso de los planes golpistas y sediciosos de los oficiales de la Armada. Ernesto era optimista respecto a lo que estábamos haciendo y nos contagiaba con su optimismo.
Fuimos detenidos el 6 de agosto y acusados de incumplimiento de deberes militares. En un principio, por reunirnos con líderes políticos denunciando el golpe de Estado en marcha. Mientras al mismo tiempo, con toda impunidad, los oficiales golpistas se reunían con lideres de la derecha golpista (todo ello conocido hoy en los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano y en las memorias publicadas por los propios golpistas, como el almirante Merino, el almirante Huidobro y otros).
Ese mismo día se iniciaron los interrogatorios y torturas en contra de Juan Cárdenas y otros compañeros. Ernesto es mantenido incomunicado durante una angustiante semana. El 10 de agosto, junto a Juan Cárdenas, Alberto Salazar, Pedro Lagos, Oscar Carvajal, somos llevados por vía aérea, en forma ilegal, violando las normas del debido proceso, a Concepción, y desde allí a la base naval de Talcahuano, donde fuimos torturados por un destacamento de infantes de marina bajo las órdenes del capitán Kohler. En esa operación brutal se destacaban los tenientes Buster, Jaeger, Letelier, Luna, Alarcón, Tapia, Maldonado, Leatich (como cuenta en el proceso judicial).
Además, Ernesto tenía una pistola personal. Hubo una investigación exclusiva por la que también fue torturado, y en la cual yo recibí parte del tratamiento. Ernesto, con una gran habilidad, sortea la investigación y logra proteger a V.V., un amigo que escapó del encarcelamieto, y que nunca supo que por protegerlo recibimos golpes y torturas extras.
Luego tiene que declarar ante el fiscal naval, capitán Jiménez, después de un par de días que debió dormir sentado, soportando el frio de la zona, en las butacas del gimnasio de la base naval de Talcahuano, junto a marineros de otras unidades, entre los que recuerdo a Carlos García, en condiciones bastantes precarias. Además, soportando las secuelas de la tortura y una puñalada de bayoneta en su espalda, que requirió atención.
Una noche fuimos trasladados a la Escuela de Grumetes de la isla Quiriquina, en donde se nos sumaron Juan Roldan y Sergio Fuentes, alli nos atendieron las heridas, y se nos dio medicinas para deshinchar los moretones que todos teníamos. Además, nos sobrealimentaron para que recobráramos nuestro color. Desde la isla fuimos trasladados en el destructor Orella, bajo amenaza permanente de tirarnos al mar y con hostigamiento durante toda la noche para no dejarnos dormir. Arribamos a Valparaíso el día 18 de agosto en la mañana, donde continuó nuestra incomunicación en el cuartel Silva Palma, hasta fines de agosto. Ernesto fue uno de los últimos marineros en recuperar la libre plática (junto con Cárdenas, Blaset y yo).
Al salir de la incomunicación los últimos cuatro marinos, el sábado 25 de agosto de 1973, hubo reunión de la mayoría de los acusados en la celda grande del cuartel, bajo el liderazgo de Juan Cárdenas. Decidimos escribir varias cartas, y destaco la que enviamos a Salvador Allende y a nuestro pueblo para denunciar nuestra situación, “lo que hoy es una carta pública e histórica.”
Estando detenidos en dicha prisión naval ocurre el golpe de Estado, lo que marcó un periplo de injusticias y dolor para todo nuestro grupo. Incluso nuestro camarada es llevado a Santiago por el teniente Benavides, secretario del fiscal naval, para que reconozca la casa en donde se reunió con el senador Carlos Altamirano, lo cual no fructifica, por lo que Ernesto es maltratado nuevamente tanto en el traslado como en las estadías en recintos militares, donde se le realizan simulacros de fusilamiento. Al igual que todo el proceso de tortura y maltrato, Ernesto lo toma posteriormente con humor y hace chistes de las diferentes situaciones que le tocó vivir, desarrollando “un optimismo irresponsable”, como lo definió Hugo Maldonado, ya que Ernesto hasta en las situaciones mas duras y traumáticas que vivíamos encontraba el instante para hacernos reír ,
El 22 de octubre de 1973 fuimos trasladados a la Cárcel Pública de Valparaíso. La cuarentena de marinos acusados de “sedición” hemos sido alojados en el teatro del penal, un lugar que no reunía los mínimos estándares de habitabilidad.
El día 14 de diciembre, todos los marinos prisioneros somos trasladados a un campo de concentración en las alturas de Colliguay. Junto con los otros presos políticos que encontramos allí, sumamos alrededor de 200 a 250 prisioneros, cantidad que variaba según los requerimientos de la represión. Allí fuimos sometidos a una gran cantidad de abusos por parte de la infantería de marina de la Armada de Chile, quien estaba a cargo del campo de concentración llamado “Isla Riesco” o “Colliguay” o a veces “Operativo X”. Este campo no reunía las medidas mínimas de salubridad, no tenía agua, electricidad, ni buen acceso desde otras zonas, lo cual era difícil también para los carceleros. Empezando el mes de marzo de 1974 y con el trabajo forzado de los prisioneros, se inició el acondicionamiento de otro campo y luego el traslado de los prisioneros, hacia la localidad de “Puchuncaví”, al campo de prisioneros también llamado Melinka, tarea que se completó a mediados de abril.
No puedo dejar de mencionar un hecho anecdótico ocurrido cuando estábamos todavía prisioneros en la montañas de Colliguay. Era un día de marzo de 1974 y habitábamos la cabaña 10. Durante la formación previa al encierro esa calurosa tarde, Ernesto me habla y yo le respondo, protagonizamos un diálogo en voz baja, que terminó con una típica humorada suya, que hizo reír a todo el pelotón. El jóven teniente de guardia en ese momento preguntó: ¡De qué se ríen! Un sargento y algunos soldados se acercan a nosotros, rodean la formación de modo amenazante y se produjo un silencio sepulcral. Solamente se oía el vuelo de los mosquiotos. ¡De qué se ríen!, repitió el oficial. Todos guardamos silencio. ¡Muy bien, entonces todos a correr hasta los estanques de agua y regresan!, gritó. Ernesto y yo tomamos la delantera en la carrera, ya que éramos de los más jóvenes, teníamos 21 años de edad, junto a dos estudiantes secundarios de 16 o 17 años, que todavía portaban su uniforme escolar. Los demás eran mayores, líderes sindicales y militantes socialistas y comunistas. Se levantó una polvareda mientras corríamos.
Cuando estábamos a mitad de camino, de regreso, el teniente gritó que los dos últimos que lleguen serán castigados y sometidos a un picadero. Ernesto iba primero en la carrera. Dirigiéndose a mí, me dice “Jimmy, no podemos dejar que otros paguen por nosotros”. Asentí a sus palabras y sin hacer más comentario comenzamos a correr más lento para que todos nos sobrepasaran. A poco de llegar a la meta, le dije: “Ernesto ¿sabes lo que nos espera?” “Claro que sí”, me respondió, “pero no podemos dejar que este huevón se ensañe con los viejos”.
Siendo los dos últimos en la meta, el oficial envió a todos los demás a sus respectivas cabañas. Quedamos solos frente a él, los soldados mantuvieron cierta distancia. Nos preguntó nombre, origen y lugar de trabajo antes de ser detenidos. Le informamos que éramos marinos acusados de sedición. ¿Saben lo que les espera?, preguntó. Le respondimos que sí, manteniendo la mirada franca y preparándonos para lo que venía. El teniente nos miró fijo y dijo: ¡Bien hecho muchachos! Nos mandó de regreso a nuestra cabaña. Quedamos gratamente sorprendidos por la actitud del oficial, ya que esperábamos el castigo de rigor en estos casos como prisioneros de guerra. “De la que nos libramos”, me comenta Ernesto. Esto quedó en el recuerdo de esos días, en ese perdido y polvoriento campo de prisioneros entre las montañas.
Sin embargo, los últimos días de ese mes de abril, a poco de haberse instalado en el campo de Puchuncaví, Ernesto y sus camaradas son retornados a la Cárcel de Valparaíso y esta vez son destinados a las celdas de la tercera galería, compartiendo con los presos políticos de Valparaíso. Allí intensificó su educación política, histórica y filosófica, además de retomar las prácticas de karate junto a otros entusiastas camaradas como Gastón Gómez y Jaime Espinoza.
En la Cárcel de Valparaíso, con un gran optimismo, Ernesto refuerza el compromiso con su pueblo y se suma a los grupos de estudios del “MIR”, integrando una de las células de instrucción, donde el organizador resultó ser otro ex marinero, miembro de la dirección del MIR, Carlos Díaz Cáceres, contingente del año 65 al igual que José Ojeda, Teodosio Cifuentes y José Lagos.
Durante el invierno del año 76 el juez naval de Valparaíso dictó sentencia contra los marinos, condenando a la mayoría a 3 años de prisión, que se cumplieron en agosto de ese año. Los que teníamos condenas más altas fuimos trasladados a la Penitenciaría de Santiago, en octubre: Ernesto, Cárdenas, Pedro Lagos, Juan Roldan, Pedro Blaset, Sergio Fuentes y yo, con la excepción de Alberto Salazar, que gestionó su trasladado a Concepción para estar más cerca de sus padres y familia.
Allí, en la Calle Dos del penal, Ernesto se encontró con una gran unidad y organización de los presos políticos, lo que permite la expansión de sus conocimientos y refuerza su actividad
educativa. Además de estrechar la comunicación con su familia, y en especial con su madre, Marta Vergara.
El día 20 de abril de 1978, después de cinco años de prisión, Ernesto y sus camaradas, más la totalidad de los presos políticos condenados y rematados, son notificados primeramente de un decreto de expulsión del país, pero luego son dejados en libertad, de acuerdo a la Ley de Amnistía recientemente dictada. Sin embargo, la mayoría de ellos optó por salir al extranjero. Algunos decidieron quedarse, de los cuales unos pocos se abocaron a luchar contra la dictadura.
Al salir de prisión Ernesto se integra a paso firme en la resistencia contra la dictadura, en primer momento junto a Sergio Fuentes y Carlos García en organizaciones populares y poblacionales. Además, se une románticamente a una compañera (Yoyi) viuda con dos hijos pequeños.
Su carácter siempre afable, bonachón y comediante es acompañada por la madurez, por las responsabilidades intrínsecas de la vida clandestina. Asumió nuevas responsabilidades políticas,
participando en campañas de propaganda y operativas, como la captura de camión Soprole, para repartir alimentos en las poblaciones más pobres de Santiago. Luego como miembro de la Fuerza Central del MIR, estructura operativa donde tuvo una destacada actuación, tal como lo recuerda el compañero Guillermo Rodríguez en su libro “Destacamento miliciano José Bordaz”: “Llegamos a una casa de un piso, amplia, con un galpón lateral usado para guardar el vehículo, con el que entramos tal como lo había indicado el conductor. Entramos por la puerta de la cocina a una casa en la que se notaba, vivía una familia, en ese momento ausente. El chofer, que resultó ser un hombre de movimientos nerviosos y rápidos, presto a la talla y las bromas livianas, me fue presentado como Manuel, de quien sólo un par de meses después sabría que era uno de los ex marinos detenidos antes del golpe militar y que era el que “la llevaba”, al decir de estos tiempos, el militante símbolo del arrojo, coraje y valentía de la Fuerza Central, asesinado en 1982 en las calles de Pudahuel en una emboscada de la CNI.”
Recuerdo que durante la primavera del año 1981 nos encontramos por coincidencia en la vereda norte de av. Matta, en Santiago, y compartimos una empanada en un lugar que él conocía. Allí platicamos un par de horas, él me contó que todos sus camaradas y su familia le pedían que saliera del país, a lo que el se estaba negando; yo le insistí que sería bueno que se fuera por un tiempo, se podría especializar en alguna técnica que le gustara. Allí brindamos por la salud y bienestar de nuestro camarada en prisión.
El sábado 16 de enero de 1982 Ernesto es asesinado a bordo de un bus de Santiago. Según los datos del proceso, los agentes del Estado fueron directamente a terminar con su vida. Su muerte significó una gran pena, dolor, además de un inmenso vacío para su familia y los amigos.
Todos los ex uniformados que se quedaron en Chile, estaban consientes del tremendo peligro que corrían bajo la dictadura: el cabo Alberto Salazar y Ernesto pagaron con sus vidas; Carlos García
estuvo mas de 11 años en prisión un segundo periodo, para luego salir condenado al exilio en Bélgica; Luis Rojo, luego de arrestos y más torturas, salió rumbo a Australia. Pedro Blaset fue detenido durante unas semanas por la CNI. Ricardo Tobar y Bernardo Flores, aunque no fueron detenidos, sí fueron vigilados en algunos casos en forma evidente (seguimiento japonés) y hostigados por agentes del Estado.
Este poema fue escrito para Ernesto que fue conocido como “Manuel”en la clandestinidad.
Manuel
Seguramente caíste abatido
Con tus ojos mirando el cielo
Amplio, lleno de resonancias libertarias
Como tus sueños de amaneceres nuevos.
No te conocí
Pero ¿Quién necesitaba conocerte?
Tenaz e inquebrantable
Entre calles laberínticas
Silencioso
Esquivando sombras
(conspirativo)
Fuiste tejiendo futuros
Fuiste echando semillas en la dureza de la tierra
Tu, humilde hijo del pueblo
Compañero combatiente Ernesto Enrique Zuñiga.
Los esbirros te llamaron asesino
Pero ¿Qué importa?
Las balas que atravesaron tu cuerpo noble
Continuaran explotando en miles de fragmentos
De voluntad de lucha
Hasta que ese amanecer que tanto soñaste
Llegue a la tierra que hoy cubre
Tu mirada todavía rebelde…
Walter Fuentes (chileno residente en California)
Este relato de AMA, lo hemos desarrollado como homenaje y cariño a nuestro inolvidable camarada. Gracias a los aportes de: Guillermo Castillo, Carlos García, Oscar Carvajal, Sergio Fuentes, Osvaldo Flores, Guillermo Rodríguez, Walter Fuentes y su hermana Ana María.
Reconocimiento de la Convención Constitucional a Los Marinos Antigolpistas por su aporte y participación en las audiencias públicas de la Comisión Transitoria de Derechos Humanos y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.
Faltando tres minutos para las 16 horas la sirena del Lebu resonó con potencia en la explanada de la Ex Cárcel Pública de Valparaíso -hoy transformada en Parque Cultural, Monumento Histórico y Sitio de Memoria- anunciando que el Proyecto Lebu llegaba a buen puerto después de navegar durante 17 meses por el mar de la memoria, para ser entregado a la comunidad porteña.
Con energía, voluntad y creatividad se unieron las manos de muchos compañeros y muchas compañeras para sacar adelante esta tarea impulsada por el “grupo motor” formado por Antonio Oyarzo, Ricardo Aravena, Gilberto Hernández, Mario Puelche, Álvaro Vidal, Luis Madariaga, Patricio Carrasco, Verónica Garrido, Ricardo Aravena, Carlos Rivera y la colaboración de Elizabeth González y Lenko.
Fueron muchas las dificultades que se presentaron durante todo este proceso, pero la claridad de los objetivos y la importancia de rescatar este trozo de memoria histórica y ponerla a disposición de las nuevas generaciones fueron el combustible fundamental que permitió a este grupo de compañeras y compañeros seguir navegando con rumbo certero y sorteando con éxito las marejadas.
Poco antes de comenzar la ceremonia oficial los compañeros y compañeras que participaron en Valparaíso de este valioso proyecto se dirigieron a la Enredadera de la Memoria, una placa que forma parte del “Circuito de la Memoria de Valparaíso”, instalada en las cercanías de la entrada principal de la ex cárcel, para depositar allí claveles rojos en homenaje a todos los prisioneros políticos que estuvieron detenidos en este recinto.
El sábado 11 de diciembre a las 16 horas en punto, tal como decía la convocatoria, se dio inicio a la ceremonia de entrega de este valioso material pedagógico a las ciudadanas y ciudadanos de Valparaíso. Con un minuto de silencio se rindió homenaje al compañero Patricio Pardo Muñoz, un joven de26 años de edad que puso fin a su vida afectado por una aguda depresión producto de la mutilación ocular sufrida a manos de agentes del Estado durante la rebelión iniciada en octubre del 2019 y de la impunidad que hasta el día de hoy gozan estos represores.
Más de ciento cincuenta personas, de distintas generaciones, acudieron a presenciar este evento que constó de dos partes. La primera de ellas desarrolló en el patio central del recinto con un acto cultural y político donde el relato y los testimonios se fueron entremezclando con las intervenciones artísticas del conjunto “Ensamble Memoria”, el cantante Raúl Guerra y el grupo folclórico “Likanantay”.
La segunda parte de esta ceremonia fue la visita a la exposición del Proyecto Lebu instalada en la ex galería de reos, espacio que se transformó en el “astillero de la memoria”, ya que fue en este lugar donde se terminó de construir la Maqueta del Barco Lebu.
Las y los asistentes pudieron recorrer este espacio de memoria, observar la maqueta del barco Lebu, registros fotográficos y audiovisuales, arpilleras, pinturas, poleras y se hizo entrega del libro “El Siniestro Barco Lebu” que en sus 195 páginas incluye un valioso material recogido de distintas fuentes testimoniales directas y otras importantes recopilaciones gráficas y escritas.
Numerosos compañeros y compañeras que estuvieron detenidos en el Barco Lebu, familiares, compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se volvieron a reencontrar después de muchos años, intercambiando experiencias, vivencias y emociones que trasformaron esta instalación en un espacio de memoria histórica popular viva.
Al terminar esta pequeña crónica es necesario destacar el importante respaldo y cooperación de las autoridades encargadas del Parque Cultural, encabezadas por su Directora Ejecutiva Nélida Pozo y Erick Fuentes, Encargado de la Unidad de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos, pero también de los distintos funcionarios y del personal que estuvieron siempre dispuestos a cooperar y entregar su apoyo cuando este fue requerido. La instalación y exposición del Proyecto Lebu está disponible para ser visitada desde ahora hasta fines del mes de febrero al interior de la ex galería de reos del Parque Cultural, de manera totalmente liberada.
Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 11 diciembre 2021
El pasado viernes 3 de diciembre, la comisión de Derechos Humanos del órgano constituyente entregó el «Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No repetición», trabajo que reúne los testimonios de víctimas y grupos discriminados que expusieron en las 282 audiencias públicas realizadas por la instancia. La elaboración del documento, que fue recibido por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la U. de Chile, Faride Zerán, contó con la colaboración de académicos, académicas y estudiantes de nuestro plantel, quienes apoyaron en distintas labores de transcripción, codificación, análisis, redacción y revisión del material final.
“Los derechos humanos son centrales para toda sociedad, son un consenso de la humanidad que deben ser un piso mínimo para cualquier diálogo democrático. No es posible avanzar sin verdad histórica y sin construir los principios y mecanismos para asegurar la reparación y la no repetición. Ninguna democracia encarna su madurez con impunidad y el olvido es también una forma de impunidad”.
Con estas contundentes palabras, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, inauguró el pasado viernes 3 de diciembre, en el ex Congreso Nacional, la ceremonia de entrega del “Informe de Verdad Histórica, Reparación Integral y Garantías de No repetición”. El trabajo, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del organismo, reúne los testimonios de víctimas y grupos discriminados por el Estado que expusieron en las 282 audiencias públicas realizadas por la instancia, presentaciones que luego fueron transcritas, codificadas, analizadas, redactadas y revisadas por un contingente de profesionales, entre ellos, académicos, académicas y estudiantes de la Universidad de Chile.
“Estoy emocionada”, declaró en su presentación Manuela Royo, una de las convencionales que lideró la creación de este informe que marca un hito, al ser la primera vez que un órgano del Estado reconoce episodios de genocidio contra pueblos originarios, vulneración de los derechos de la naturaleza y ecosistemas y recoge testimonios de primera fuente de violaciones a los Derechos Humanos post dictadura y durante la revuelta social.
“Este informe es histórico y tiene una importancia fundamental, no solo para las miles de víctimas cuyos testimonios se recoge, sino también para todas y todos los chilenos y pueblos originarios que hoy luchan, y que mañana seguiremos luchando por nuestros derechos. Los derechos humanos no son solo un elemento de protección de las víctimas, sino que son la herramienta para consolidar una sociedad democrática”, señaló la abogada y constituyente por el distrito 23.
La ceremonia tuvo varios puntos álgidos marcados por los testimonios de figuras clave en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos y quienes participaron en el informe, entre ellas, la machi Francisca Linconao; Alicia Lira, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Haydee Oberreuter Umazabal, del Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos; José Luis Choque, del pueblo Selknam; Anastasia Benavente, del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y travestis Amanda Jofré; y la senadora electa Fabiola Campillai, representante de las víctimas de trauma ocular.
En la ocasión, Daniela Millaleo, el colectivo Cueca Sola y la dupla de Carmen Lienqueo y Valentina Peralta, protagonizaron intervenciones artísticas que dieron espacio tanto para la emotividad como para la denuncia y la memoria.
“Tenemos puesta nuestra fe y nuestra esperanza para el cambio de nuestro Chile, en la Convención, que fue posible gracias al estallido social, a la lucha de todos nuestros compañeros, a la lucha que se llevó vidas, que costó sangre de nuestro pueblo”, señaló Fabiola Campillai, acompañada de aplausos y diversas muestras de apoyo en la sala. “Debemos exigir libertad a nuestros presos mapuches políticos, libertad a nuestros presos políticos del estallido social, verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición, si queremos escribir un futuro nuevo”, agregó.
Roberto Celedón, abogado, convencional por el distrito 17 y otro de los coordinadores de la instancia, destacó el valor del informe y de que “el testimonio de todos y cada uno va a servir para el trabajo en la redacción de la Constitución, porque sobre la base de la verdad, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición tenemos que construir la nueva Constitución que va a regir para Chile”.
Al finalizar la ceremonia, una copia del informe fue entregado a varias instituciones para su resguardo histórico, entre ellas, el Archivo Nacional, a cargo de Emma de Ramón, y el Archivo Central Andrés Bello, representado en la ceremonia por la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán.
“Nos enorgullece mucho la amplia y comprometida participación de la comunidad de la Universidad de Chile en una instancia tan importante como esta para el país. La Convención Constitucional materializa los sueños de un país que cambia para incluir a todos y todas y buscar un mejor futuro, por lo que creemos que no puede haber ambigüedades a la hora de apoyar su trabajo, sobre todo en un ámbito tan crucial como la protección de los derechos humanos”, señaló la vicerrectora.
Un informe de reconocimiento público
El documento fue elaborado por la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, con la colaboración de instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales, así como de numerosos voluntarios y voluntarias que apoyaron el proceso con su trabajo para sistematizar todo lo recibido entre el 27 de julio y el 27 de septiembre de este año.
“Para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida personal y como historiadora, un momento en el que efectivamente puedo poner a disposición pública lo que sé hacer como profesional, en un trabajo colectivo y anónimo que me gusta describir como una ‘minga amorosa’”, cuenta Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello y quien estuvo presente en la ceremonia en el ex Congreso Nacional.
“Fue muy emocionante y me gusta mucho lo simbólico que es intervenir en un edificio de la antigua República del siglo XIX, con sus aciertos y desaciertos, pero que hoy se ve totalmente resignificado por este proceso y por estas voces, por lo popular en todas sus dimensiones, por las voces de los pueblos originarios, por las voces de las mujeres y las disidencias, en fin, por todas las voces que no habían tenido un lugar allí. Con Elisa Loncon a la cabeza, queda claro que son las mujeres las que mayoritariamente hemos defendido y defendemos los derechos humanosen Chile” agrega Araya, quien fue una de las tantas académicas de la U. de Chile que colaboraron en la elaboración de este informe, al igual que el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nash, Jessabel Guamán – Flores y Ximena Goecke, ambas del Diplomado de Historia, Memoria y Derechos Humanos de la Universidad de Chile, entre otras.
“Leer el informe es entrar en un bucle temporal que te pone al frente 500 años, 50 años y hoy, en el contexto de la vulneración a los derechos humanos en Chile. Es un documental que a diferencia del Informe Rettig, del Valech y de otros documentos sensibles, está a disposición pública y pone sobre la mesa los testimonios de las propias personas que sufrieron estas violaciones a sus derechos y que desafían el negacionismo de estos hechos de tantas personas aún en nuestro país”, agrega la historiadora, quien trabajó específicamente en el apartado de “Género, mujeres y disidencias”, junto a Romina Pistacchio, Carolina González, ambas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Bascur Cruz y Noam Vilches, ambos estudiantes y activistas de las disidencias sexuales.
De esta forma, el documento, que ya está disponible para descarga, se divide en tres grandes apartados: grupos históricamente excluidos (pueblos originarios, migrantes, mujeres y disidencias, niñes y jóvenes, personas mayores, personas en situación de discapacidad y privados de libertad); violencia política(víctimas de la dictadura, de derechos humanos en democracia y del estallido); y medio ambiente y naturaleza.
Denisse Espinoza – periodista Vexcom Fotografía: Felipe PoGa
Santiago de Chile, 7 de diciembre 2021 Crónica Digital/uchile.cl
